Domínguez Brito: un “abuso de poder” es atentar contra la salud de la población

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El ministro de Medio Ambiente dijo que un “abuso de poder” es lo que ha cometido la empresa Lajun Corporation al atentar contra la salud de la población en el Gran Santo Domingo.

“Lo reitero, los representantes de Lajun deberían estar en prisión; por eso hemos apoderado a las autoridades judiciales a los fines de que se haga la investigación de lugar y se lleve hasta los tribunales”, dijo Francisco Domínguez.

Indicó que no se tratan de acusaciones selectivas sino de que asuman su responsabilidad y la dilación que han provocado en el manejo de los residuos sólidos.  Reiteró que está más que fundamentado que la empresa ha cometido  violaciones de los artículos 174, 175, 176 de la Ley no. 64-00 sobre Medio Ambiente.

“No sólo se trata de un asunto puramente económico sino de una falta de voluntad y querer ejercer presión denegando una servicio público”, indicó.

Sobre la querella

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pide a la fiscalía de la Provincia Santo Domingo que se investigue al gerente Adrian Christopher Lee Chin y al civilmente responsable LAJUN CORPORATION S.R.L.

En el documento enviado al Ministerio Público explica que las alcaldías se habían reunido para exponer ante Medio Ambiente la decisión que tomó la empresa de operar solo por ocho horas al día provocando el cúmulo de basura, por lo que pidieron la intervención de Medio Ambiente a los fines de evitar daños mayores en la población.

El documento enviado a las autoridades judiciales resalta que los hechos descritos ejecutados por la empresa LAJUN CORPORATION, S.R.L., y su Gerente, implican una responsabilidad objetiva por la contaminación provocada como consecuencia de la restricción de los horarios y el precario manejo de los residuos, dado que constitucionalmente se ha reconocido el derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el numeral 5 del artículo 67 de la Constitución expresa: “Los poderes públicos prevendrán y controlaran los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre”.