DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-
Pueblo dominicano:
En su discurso de rendición de cuentas, del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader quiso transmitirle al país la impresión de que las ejecutorias de su gobierno, tal como literalmente lo expresó, “representan un ejemplo universal”.
Eso es tan así, que llega al extremo de considerar que su gestión gubernamental ha logrado una preeminencia de tal magnitud, en términos de crecimiento económico, eficiencia, prosperidad y bienestar, que lo coloca en una especie de referencia a escala global.
Frente a esa actitud de autocomplacencia, de autoalabanza, en la que abundan las exageraciones, las manipulaciones estadísticas, las cifras fuera de contexto y las falacias, es oportuno recordar la frase de Miguel de Cervantes en El Quijote, en la que Maese Pedro dice a su ayudante, “Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala”.
ECONOMÍA
A decir verdad, el discurso pronunciado por el presidente de la República constituye una obra maestra del género de ficción, que como tal refleja una completa desconexión con el mundo real de deterioro en la calidad de vida que, en estos momentos, está conmoviendo a la mayoría del pueblo dominicano.
Por ejemplo, al ofrecer las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado, 2022, sostuvo que alcanzó “un notable crecimiento anual de 4.9%, superior al promedio de América Latina”.
En su discurso del 2021, el presidente Abinader, apoyándose en datos ofrecidos por el Banco Central, informó que en ese año el PIB había crecido 12.3%. En aquel momento, nosotros aclaramos que ese crecimiento no era real, ya que se calculaba con relación al año de la pandemia, 2020, en que nuestra economía experimentó una severa caída de -6.7%.
Al calcularse de esa manera, y no en relación con el año de la prepandemia, esto es, el 2019, lo que se produjo fue un rebote estadístico, ya que la verdadera expansión de la economía en ese 2021, fue tan solo de 4.7%.
Pero el gobierno desestimó nuestros argumentos, y llevó la información de ese falso crecimiento astronómico de 12.3% hasta el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la nación, un notable crecimiento anual. ¿Podría decirse que ese 4.9% fue notable, cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3%?
Una de dos: o ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo, entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo los cálculos de lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB.
Más aún, ese magro crecimiento del 2022 estaba por debajo de las proyecciones estimadas por las propias autoridades, que establecían que el país tendría ese año un crecimiento de un 6%. Por consiguiente, respecto a lo estimado tuvimos una disminución de 1.1%.
En lugar de encontrarse entre “los países con más crecimiento económico mundial”, como alega el presidente Abinader, en el 2022, lamentablemente, República Dominicana quedó, en lo relativo a crecimiento económico, en la décimo tercera posición de 33 países de América Latina y El Caribe.
En apenas dos años y medio de la actual gestión de gobierno, nuestro país descendió 10 puestos con respecto a la tercera posición que había ocupado, y por eso, en lugar de caer en la autoalabanza, las actuales autoridades, por el contrario, deberían estar más preocupadas por la suerte de nuestro pueblo.
Como consecuencia de todo eso, en lugar de nuestra economía consolidarse como “una de las más dinámicas de Latinoamérica”, como afirma el presidente Abinader, nuestro país ha perdido el dinamismo y el liderazgo que en otros tiempos exhibió en el crecimiento económico de la región.
Cuando se examina por sectores el crecimiento de nuestra economía, se hace notable la desigualdad que existe entre los distintos componentes que contribuyen a la creación de riqueza en la República Dominicana.
Así, mientras el sector de hoteles, bares y restaurantes, es decir, turismo, tuvo un crecimiento exponencial de 24%, el de explotación de minas y canteras, sin embargo, tuvo un derrumbe de -7.2%; la construcción, un desmoronamiento de 0.6%; y la industria local, un pírrico aumento de 2.2%.
Lo lamentable es que esos sectores de pésimo desempeño el año pasado, ignorados por el presidente en su rendición de cuentas, son intensivos en generadores de empleos y de impulso al desarrollo de las demás actividades económicas.
Para este año 2023, las estimaciones del Banco Central son, desafortunadamente, menores que las de los dos años previos, es decir, que en vez de un presunto 12.3% del 2021; y de un 4.9% en el 2022, solo será de un 4% en el 2023.
En adición a lo antes dicho, es preciso indicar que el crecimiento del PIB cobra importancia en la medida en que sea capaz de generar empleos formales, mejorar los ingresos de las personas, mantener estable el índice de precio, reducir el desempleo y la informalidad, propiciar la erradicación de la pobreza y fomentar el desarrollo individual y colectivo.
¿Para qué sirve que aumente el Producto Interno Bruto, de manera tan desigual, como está ocurriendo en la actualidad si su expansión solo beneficia a unos cuantos?
¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumenta, existen más de 614 mil personas que desean trabajar, pero no encuentran dónde hacerlo, debido a que la expansión de la economía no les está generando oportunidades laborales?
Para eso, se eligen períodos de comparación a conveniencia, con la finalidad de hacerle creer a la opinión pública que se han logrado avances notables en materia de reducción de la desocupación. Se ufanan, incluso, en hacernos creer que el milagro de la recuperación económica nos beneficia a todos.
Los informes oficiales no señalan que la caída de la tasa de desocupación no se debe al aumento de la ocupación, sino, que ante la falta de oportunidades laborales, las personas de 15 años y más, han abandonado la búsqueda activa de una plaza de trabajo.
Como puede observarse, se intenta deformar la realidad en base a juego de palabras, manejo ambiguo de conceptos y manipulación de la opinión pública.
A diferencia de lo que considera el gobierno, aquí no hay nada que festejar. No hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del gobierno.
INFLACIÓN
Son, precisamente, las familias en situación de extrema pobreza, las que reclaman que se les ayude con sólidas políticas sociales. Son las que no tienen ni para comer. Por ello, la prioridad debería ser, como proclamábamos en nuestra época de gobierno, “comer es primero”.
Con respecto a la deuda pública, es preciso señalar que, en menos de tres años, la actual administración ha contraído deuda por un monto superior a los 24 mil millones de dólares.
No es cierto que haya bajado con relación al PIB, como se informó en el discurso de rendición de cuentas. Entre 2019 y 2022, el porcentaje de deuda pública aumentó del 50.5% al 59.1% del PIB, lo que representa un incremento, no una disminución, de 8.6 puntos porcentuales.
El ritmo de endeudamiento anual se ha descontrolado. Tomando como referencia el 2022, en dos años completos de la actual gestión, la deuda incrementó 5.4 veces más de la que se acumuló en los dos primeros años de nuestra gestión de gobierno del 2004 al 2006.
A pesar de ese elevado nivel de endeudamiento, las propias cifras oficiales indican que en la actualidad tenemos uno de los niveles de inversión pública, con respecto al PIB, más bajos de los últimos 31 años.
A ese ritmo, República Dominicana perdió el liderazgo regional en términos de crecimiento económico, pero se ha colocado la corona de campeón en el pago de intereses de la deuda, lo cual representa un volumen importante en la ejecución del presupuesto nacional.
Aunque el presidente Abinader expresó que durante el pasado año 2022, su gobierno tuvo que afrontar con más de 16 mil millones de pesos, en base a recursos propios, los daños causados por el huracán Fiona, omitió decir que en enero de este año, 2023, el Banco Mundial aprobó un préstamo, para los mismos fines, por 200 millones de dólares, o lo que es igual, por encima de 11 mil millones de pesos.
Señoras y señores:
Uno de los problemas que, en estos momentos, mayores preocupaciones y tormentos suscitan en el pueblo dominicano, es el relativo al aumento de precios de los productos de mayor consumo nacional.
Sin embargo, en su largo discurso, el presidente Abinader le dedicó poco tiempo para abordarlo y sugerir soluciones. Solo lo hizo cuando dijo que el país había alcanzado una inflación por debajo del 8% en el 2022.
Pero, en ese momento, el representante del ejecutivo debió explicar por qué en su gobierno los precios se han disparado, en forma alarmante, superando la meta de inflación establecida por el Banco Central, de un máximo de 5%.
A pesar de referirse al pollo índex y al plátano índex, los incrementos de precios no constituyen un chiste. Al revés, es algo trágico, una pesadilla, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra población.
Cuando los consumidores dominicanos van a los supermercados, colmados, ventorrillos y mercados, no encuentran el susodicho pollo índex. Van a buscar el pollo con pechuga, muslos, alas y patas, y ese se encuentra 53% más caro que cuando se inició el actual gobierno en agosto del 2020.
El arenque está casi un 70% más caro; el aceite de soya, 67% más caro; la carne de res, 64% más cara; la yuca, 63% más cara; y los plátanos, la harina de maíz, el cerdo y las papas, entre otros productos, también están un 50% más caros.
El incremento de los precios es en todo. Es en la comida; es en la varilla, en el cemento, en el transporte y en la energía eléctrica. Por consiguiente, el nivel de la calidad de vida de la mayoría de la población, como hemos dicho, se ha deteriorado.
Que sea el propio pueblo quien exprese su pesar. Veamos:
(VIDEOS)
Ahí está. Así se expresa el pueblo sobre el alto costo de la vida.
A diciembre del 2022, la República Dominicana se ubicó en la séptima posición de manera ascendente de 17 países de América Latina con mayor tasa de aumento de precios, y no como sostiene el presidente Abinader, de que estamos entre los países de menor inflación en la región.
Es evidente, que por el camino que transita, el actual gobierno se ha convertido en el líder de los altos precios, en aumento de la deuda pública, en gastar mucho e invertir poco, y en reducirle a la gente su poder de compra.
El alza de precios ha sido justificada en base a factores externos, como la disrupción de las cadenas de producción global; el incremento de los precios del petróleo; la política Covid cero de China; y el incremento de los precios de los commodities, provocados por la guerra de Rusia en Ucrania.
Pero, en la actualidad, ese escenario ha cambiado. Los precios del petróleo que llegaron a colocarse a 120 dólares el barril se han mantenido alrededor de 80 dólares, y en muchas ocasiones, como en estos días, hasta por debajo de ese precio.
La política Covid Cero de China, se ha dejado sin efecto. El impacto en la economía que podría haber tenido la guerra entre Rusia y Ucrania, no ha sido tan desastroso. Las cadenas de suministro se han reestablecido y los precios de los fletes han bajado de manera dramática.
Aunque brevemente, el presidente de la República también se refirió en su discurso a los jóvenes del país; pero no nos dijo que hay cerca de 530 mil de ellos que ni trabajan ni estudian.
Tal vez esa sea la causa que explique el nuevo flujo migratorio ilegal que estamos experimentando en el país, cuando ya creíamos que los viajes en yola habían desaparecido.
Son numerosos los jóvenes que ahora se van por Guatemala, Perú, Colombia, Panamá, la Selva del Darién y que tienen que cruzar por todo México, muchos de ellos hacinados en vehículos cerrados para cruzar la frontera y llegar a territorio de los Estados Unidos.
De los que se han marchado de esa forma, son varios los que han muerto en el trayecto ahogados, atacados por animales salvajes, asesinados, deshidratados, por hambre o en accidentes.
Todo esto lo conozco de manera personal, porque incluso he tenido que ofrecer mis condolencias a algunos familiares de las víctimas.
EDUCACIÓN
Continuando con el tema de juventud, concitó poderosamente la atención lo breve o parco que resultó el presidente Luis Abinader al abordar lo concerniente al desempeño o logros del sector educativo nacional durante su período de gobierno.
Tal vez tenía razón en ser tan lacónico al respecto y es que, en noviembre del año pasado, el nuevo ministro de educación, Ángel Hernández, emitió unas declaraciones que resultaron altamente desconcertantes. Dijo: “el presupuesto del Ministerio de Educación se va al zafacón porque los estudiantes no aprenden”.
Eso es grave, sobre todo, porque es una gran verdad. El incremento de la inversión de un 4% del PIB no ha significado, como algunos esperaban, una mejoría en la calidad de la educación en la República Dominicana. Ese monto, durante los últimos dos años y medio, ha alcanzado la cifra de 608 mil millones de pesos.
Tal como se refleja en las pruebas PISA, TERCE, y ERCE, los bajos niveles de desempeño por parte de nuestros estudiantes en lectura, escritura, matemáticas y ciencias, es decir, en lo básico o fundamental en el sistema de aprendizaje, ponen en evidencia la crisis que azota al sistema educativo nacional.
Pero resulta preocupante también la gran deficiencia que exhibe el Ministerio de Educación para gestionar con eficiencia y transparencia los procesos administrativos-financieros, así como de adquisición de bienes y servicios, presentando una enorme cantidad de denuncias e irregularidades en múltiples licitaciones, como son, por ejemplo:
- El caso de los libros de textos de secundaria;
- El desayuno y el almuerzo escolar adjudicado por el INABIE;
- La adquisición de butacas escolares;
- La adjudicación de contratos que no se ejecutaron para la reparación planteles;
- La adquisición de dispositivos electrónicos;
- Las nóminas sobrecargadas de personal supernumerarios que no realizan ninguna función y representan miles de millones de pesos;
- La eliminación del contrato para impartir inglés a docentes, valorado en más de 600 millones de pesos, por estar plagado de irregularidades; y
- El emplazamiento que hizo el ministerio a una serie de proveedores para que procedieran a la devolución de los montos económicos correspondientes a los anticipos recibidos, habiendo cumplido en todas sus partes con los compromisos contraídos.
Y para colmo de todo esto, ahora resulta que el Ministerio de Educación incinerará más de 7 millones de libros de texto que reposan en sus almacenes como basura, a pesar de que la mayoría de los estudiantes han carecido de textos escolares para estudiar.
En síntesis, un escándalo, una vergüenza y un verdadero fiasco.
SALUD
Amables Televidentes:
A inicios del 2021, el presidente de la República prometió dar inicio a la construcción de un hospital materno infantil en Juana Méndez, como parte de una iniciativa para reducir los altos indicadores de mortalidad infantil y materna.
De igual manera, se prometió construir dos ciudades sanitarias en el interior del país, una en San Cristóbal y otra en la provincia Duarte.
Hasta la fecha, sin embargo, no se ha iniciado la construcción de los referidos centros.
Respecto al compromiso de terminar e inaugurar la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar, la realidad es que ninguno de los hospitales del complejo han sido terminados; y han iniciado precariamente los servicios ambulatorios en 36 consultorios ofreciendo atención solamente en algunas especialidades.
En el Hospital Salvador B. Gautier, la sala de emergencia acumula pacientes por semanas, y no tiene capacidad para hospitalizar y brindar un trato digno a estos pacientes, que en ocasiones mueren en dichas salas de emergencia.
Esta situación adquiere niveles horripilantes y estremecedores cuando se sabe que el personal del Sisterma de Emergencias 911 se ha visto obligado a dejar durante varios días a pacientes en camillas de ambulancias, que a veces han muerto en espera de una cama para su formal ingreso al centro hospitalario.
En cuanto a la terminación del Hospital Regional San Vicente de Paul, en la provincia Duarte, la presente administración se ha comprometido en tres ocasiones a reiniciar y terminar los trabajos del referido centro de salud, y aún no termina.
La reconstrucción y remodelación del Hospital Regional Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, ha sido prometida también en tres ocasiones, pero las reiteradas paralizaciones en los últimos dos años, solo ha permitido alcanzar el 40% de su ejecución.
Más aún, la situación hospitalaria de la región este del país es sumamente calamitosa, debido a que no se han cumplido ninguna de las promesas en lo concerniente a la construcción o reconstrucción de los siguientes hospitales:
- El Hospital Municipal de las Lagunas de Nisibón;
- El Hospital Bávaro-Verón-Punta Cana;
- El Hospital Dr. Teófilo Hernández de El Seybo;
- El Hospital Municipal de Miches, en total abandono y sin promesa de reparación;
- El Hospital Dr. Arístides Fiallo Cabral, de La Romana, también en total abandono, con inicio de reconstrucción y sin fecha de terminación;
- El Hospital Municipal Pedro María Santana de Los Llanos, solo con un 20% de trabajo realizado; y
- El Hospital Municipal Quisqueya en San Pedro de Macorís, con promesa de reconstrucción y sin fecha de entrega, a pesar de estar en ruinas.
En otro orden, la falta de articulación y coordinación entre el Sistema Nacional de Emergencias 911 y los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias Médicas (CRUEM), afecta sensiblemente la prestación de los servicios de ambulancia para el traslado de pacientes, reflejado en la inoperancia de una gran parte de las últimas flotillas disponibles.
A eso se suma, el déficit de más de mil técnicos de emergencias médicas.
Fue notable el silencio que guardó el presidente de la República al evadir referirse a la crisis en la prestación de servicios de salud a los afiliados y dependientes del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social, derivada del conflicto entre el Colegio Médico Dominicano y las Administradoras de Riegos de Salud, (ARS), que afecta sensiblemente la calidad de vida y aumenta el gasto del bolsillo de una gran parte de la población dominicana.
ENERGÍA
Por otro lado, en los inicios de este gobierno, se prometió la incorporación de 2 mil nuevos megavatios al sistema energético nacional. Para cumplir con ese objetivo, se han celebrado tres llamados a licitación pública internacional de nueva potencia de generación.
El primer proceso de 800 megavatios, en Manzanillo, fue en marzo del 2021. El segundo, de hasta 400 megavatios, que incluye barcazas en Azua y modulares en Boca Chica, fue en diciembre del 2021; y el tercero, de 800 megavatios, en enero del 2022.
La suerte de esos procesos ha sido nefasta. El primero, aunque está adjudicado, no tiene fecha de entrada al sistema; y se considera que tal vez podría hacerlo en unos cuatro años.
El segundo, adjudicado en mayo del año pasado, no termina su entrada en línea, a pesar de que se reitera constantemente el día en que será incorporado. El tercero, debido a las discrepancias entre el Ministerio de Energía y Minas y el regulador, fue dejada sin efecto el mismo día de la recepción de ofertas, poniendo al desnudo los niveles de improvisación que caracterizan a la actual administración gubernamental.
En resumidas cuentas, la actual administración no ha incorporado al sistema ni un megavatio de potencia de energía térmica adicional y las renovables que se han conectado son todos proyectos de anteriores gestiones.
Las pérdidas del sector se han incrementado de un 30 a un 35%. La tarifa al usuario se ha disparado en más de un 50%; y la falta de medidores, de más equipo y materiales necesarios para la instalación de estos, ha provocado facturación irreal, incrementando, a niveles críticos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES).
CRIMINALIDAD
Señoras y señores:
La criminalidad nos arropa. He conversado y me he sentido solidario con muchos padres que no pueden dormir preocupados por la seguridad de sus hijos, o que deben salir a las paradas del metro o de autobuses a esperarlos para acompañarlos en el trayecto hacia sus hogares.
De igual forma, de muchas madres atemorizadas de que les toquen sus puertas para trasmitirles la noticia luctuosa de un hijo asesinado.
Son muchos los dominicanos que han sufrido atracos, asaltos, robos y violaciones, cuyos dramas resultan más elocuentes y reveladores de lo que puede indicar cualquier estadística.
El pueblo dominicano, digno y laborioso, tiene como máxima aspiración vivir en paz, en tranquilidad y con seguridad.
Sin embargo, al cabo de casi tres años de gobierno, la criminalidad ha aumentado y la inseguridad ciudadana se ha mantenido como una de las principales preocupaciones del país.
En el 2022 la tasa de homicidios fue de 11.9 por 100 mil habitantes, lo que representa un incremento significativo respecto a la del año 2020, que fue de 9.2; y hasta del año 2021, ya durante esta gestión, que alcanzó un 10.6.
Por consiguiente, en términos comparativos, ha habido un sustancial aumento aproximado de 26% de la tasa de homicidio en nuestro país.
Se prometió, como objetivo del gobierno, un país sin violencia; se prometió una reforma integral a la Policía Nacional; se prometió el incremento salarial a 39 mil agentes en un 40% y la tarjeta SENASA Premium; se prometió sacar las drogas de las calles, la disminución de los homicidios, y un Plan Nacional de Seguridad.
Como contrapartida a todo esto, no ha habido mejoría en las condiciones laborales y de mayor eficiencia en los servicios policiales. No se ha dotado a la Dirección Nacional de Drogas de los recursos humanos, logísticos, de entrenamiento y de equipamiento para la interdicción, investigación e inteligencia del combate al narcotráfico. No se avanza en la aplicación de la propuesta de Reforma Policial.
En fin, lo que tenemos es que en la sociedad dominicana se ha enraizado una cultura de la violencia, que mantiene en estado de zozobra, de temor e inseguridad a nuestros ciudadanos.
Alguien podría cuestionar qué hicimos nosotros para enfrentar la situación de inseguridad ciudadana durante nuestros períodos de gobierno.
La respuesta la ofrece el Informe Regional de Desarrollo Humano del 2013-2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el cual, al referirse al Programa de Barrio Seguro, aplicado durante nuestra gestión, afirma:
“El programa de seguridad democrática supuso un importante esfuerzo para mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad, mediante programas sociales dirigidos a las zonas de alto riesgo. El plan promovió un entendimiento de la ciudadanía y la seguridad como dos dimensiones mutuamente constitutivas.”
“El plan incluyó Barrio Seguro, un programa de vigilancia localizada que buscaba controlar la delincuencia en una zona violenta de la capital. Se instauró como un programa piloto en el barrio de Capotillo en agosto del 2005 y se extendió a 13 barrios vecinos…
“Una de las claves para que este programa arrojara resultados positivos fue el incremento de la presencia policial en barrios seleccionados. Una evaluación comisionada por el PNUD estableció que hubo un importante aumento en el número de policías en estas áreas, así como un esfuerzo por excluir del programa a los policías con antecedentes de corrupción o abusos.
“Esta misma evaluación demostró que los residentes de las comunidades beneficiarias consideraron que el programa, en general, logró mejorar la calidad de la actuación policial.
“El programa Barrio Seguro contribuyó a mejorar de manera notable la seguridad objetiva y percibida. Los datos disponibles sobre homicidio, por ejemplo, demuestran una tendencia significativa a la baja.”
Así se expresaba el PNUD sobre nuestro programa de Barrio Seguro, durante nuestros últimos dos períodos de gobierno. Lo que ha ocurrido, desde entonces, con el incremento de la violencia y la inseguridad en nuestro país, se debe, en gran parte, al abandono de una política de Estado, como fue ese programa de Barrio Seguro, que requería de más tiempo de aplicación para su definitiva consolidación.
INFRAESTRUCTURAS
En su discurso ante la reunión conjunta de las cámaras en el Congreso Nacional, el representante del Poder Ejecutivo afirmó que durante el pasado año, 2022 “el gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura con una inversión de más de 90 mil 390 millones de pesos.
Al parecer el presidente no se ha enterado que la página web de la Dirección General de Presupuesto informa que, como ejecución del gasto en obras, al 23 de diciembre del 2022, solo se erogó 53 mil 896 millones en obras; y en las de infraestructura, específicamente, apenas 29 mil 221 millones de pesos.
Eso, naturalmente, dista mucho de las cifras ofrecidas en el discurso presidencial. La ejecución del gasto en obras durante el 2022 apenas alcanzó un 4.8% del gasto total, lo que equivale a decir que el gobierno, de cada 100 pesos gastados, invirtió en obras menos de 5 pesos, la inversión pública más baja, como hemos dicho, en los últimos 31 años.
Por esa razón, muchas de las obras prometidas no se están realizando. En otras, se avanza muy poco. Y en muchas otras, no se llega a su ejecución final.
El presidente hizo referencia sobre Pedernales. Pero ahí todavía no se ha iniciado el puerto para crucero, tampoco el aeropuerto. Solo se conoce que el gobierno va a construir dos hoteles que anunció en enero del 2022 en FITUR, la Feria Turística que se celebra en Madrid, con una inversión de 15 mil millones de pesos, y que cuando los termine, los entregará a dos empresas operadoras que lo manejarán siempre y cuando les sean rentables.
Nos hubiese gustado también conocer cuándo se va a terminar la carretera Barahona-Pedernales, que, al decir de los lugareños, al ritmo que lleva, no se terminará ni en 20 años.
Tampoco nos habló del puerto turístico de Barahona; ni de la presa de Joca, en Elías Piña; ni de las inversiones que ha hecho para el desarrollo de San Juan. Solo promesas, nada de realidades.
Nos dijo que inauguró la Circunvalación de Azua. Pero fue a medias. No le hicieron los desagües en varios puntos. Muchos de los taludes quedaron sin terminar y le faltan distribuidores de tráficos; y ahora, para colmo, se pierde más tiempo en el peaje que entrando a la ciudad.
En fin, aun inaugurando, el gobierno, sin necesidad, se queda incompleto.
A pesar de haber sido anunciada en más de tres ocasiones, la Circunvalación de Baní, sigue sin terminar. Según afirman los contratistas, podría, con mucho esfuerzo, estar lista en febrero del año que viene.
Pero igual suerte corren la construcción de las circunvalaciones de Navarrete, en Santiago; la de Moca; y la de San Francisco de Macorís.
Señoras y señores:
En el Gran Santo Domingo es donde más se acumulan promesas sin cumplir o con poca ejecución. Se propuso un monorriel desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, pasando por la Avenida Luperón, llegando a la avenida 27 de febrero, para terminar en el aeropuerto de Las Américas.
De igual forma, la construcción de la circunvalación de Los Alcarrizos; la solución vial para la intercepción de la avenida 27 de febrero con la avenida Isabel Aguiar, así como de la avenida John F. Kennedy con Luperón.
Se prometió la terminación de la autopista de San Isidro, la avenida Ecológica y la avenida Hípica, al igual que la construcción de 10 edificios de parqueos para Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal.
Nada de eso, sin embargo, se ha construido o terminado, y muchas ni siquiera se han iniciado.
Prometió la construcción de la presa Boca de los Ríos, de Guayubín, la cual no se ha comenzado. En Santiago, no se ha dado inicio, a dos años de haberse anunciado, la reconstrucción del centro histórico, ni la red de traumatología y oncología.
Tampoco ha empezado la Carretera del Ámbar, anunciada en más de cuatro ocasiones, ni el DR Silicon Beach de Puerto Plata, ni el proyecto Punta Bergantín, anunciado también varias veces, ni el malecón de Nagua, así como tampoco se avanza la entrada a la ciudad de Samaná.
En relación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se ofrecieron edificios para centros regionales en 11 localidades, de las cuales 5 se han iniciado con escaso nivel de avance, y en 6 ni siquiera se ha colocado el primer block.
¿Qué ha pasado con los recintos ofrecidos a la UASD desde los primeros días de la actual gestión de gobierno, en Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, Cotuí, Dajabón y Elías Piña?
Cuán grande es el contraste con lo realizado durante la época en que nos correspondió gobernar, en la que construimos, en la sede central, la Biblioteca Pedro Mir; el edificio administrativo, de nueve plantas para rectoría, vicerrectorías y decanatos de falcutades; laboratorios tecnológicos para las ingenierías, equipados con tecnología digital de punta; el comedor universitario, con capacidad para servir simultáneamente a 2 mil estudiantes y 100 profesores en salones climatizados; el edificio de Facultad de Artes, completamente equipado; las edificaciones para el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Amelia Sánchez Tavárez (INCART), con equipamiento de punta para diagnóstico y tratamiento de cáncer, al servicio de la comunidad; parqueo de vehículos, con 1,200 estacionamientos amplios y con acceso adecuados; remodelación de la Facultad de Humanidades y la remodelación del Aula Magna, embellecida, climatizada y equipada.
Se construyeron ocho centros regionales, en Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, San Juan de la Maguana, Barahona; y se hizo una ampliación del edificio del Centro Regional de San Francisco de Macoris.
Nos sentimos profundamente orgullosos de esas obras, que hicimos con gran amor, pero sin mucha bulla ni apavientos, a sabiendas de que al realizarlas le estábamos haciendo una gran contribución a la juventud dominicana, porque estábamos sembrando la semilla del desarrollo futuro de nuestro pueblo.
Distinguidos amigos:
Una fecha como la del 27 de febrero constituye siempre el momento ideal para exaltar los valores patrios y para reafirmar nuestro compromiso irrestricto con la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial y la soberanía de nuestra amada patria, la República Dominicana.
En medio de la globalización, vivimos en el concierto de las naciones, luchando junto a otros pueblos por valores comunes de paz, seguridad, libertad, justicia y progreso.
Pero, en esa relación con el resto del planeta, ponemos siempre en primer plano nuestra identidad nacional como dominicanos. No podríamos existir si no es en relación con la patria que nos vio nacer. Por tanto, es hasta una obligación existencial velar por ella en cada momento de nuestras vidas.
Atendiendo a valores supremos de convivencia humana, organismos internacionales, instituciones humanitarias y centros de pensamiento, promueven unos principios de gobernanza global que pueden estar muy bien inspirados, pero, que no toman en consideración el carácter geopolítico particular en que se encuentra nuestro terruño natal.
Tenemos la particularidad de que somos una isla con dos naciones. Una, devastada por los estragos del colonialismo, la esclavitud y las dictaduras, que es el caso de nuestro vecino país de Haití, y el otro, que somos nosotros, a pesar de momentos tenebrosos en nuestro discurrir histórico, ha sabido levantarse, y con el paso de los años, ha sabido construir una nación, que aún con precariedades y carencias, exhibe espacios de modernidad y de progreso.
En momentos de desgracias y tribulaciones para nuestros vecinos, hemos mostrado siempre el mejor rostro de la dominicanidad: el de la generosidad, el de la bondad, y el de la solidaridad.
Pero, cuando en el país vecino, de una situación de ingobernabilidad crónica se pasa a otra de Estado colapsado; cuando desaparece el orden y la autoridad y domina la anarquía y el crimen, en la República Dominicana, como se haría en cualquier nación del mundo, se toman las medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos.
Eso es lo que pretendemos hacer en nuestro país, y es algo que debe comprender la comunidad internacional, tanto a nivel interamericano, como a escala global.
No es cierto que República Dominicana sea un país racista, donde se discrimina, se practica la xenofobia y se ejerce la apatridia.
Nada de eso es cierto. Son falacias que se divulgan con la finalidad de imponernos la obligación de recibir en nuestro territorio, a víctimas de delitos transnacionales organizados, a migrantes irregulares o a refugiados, sin tener nosotros las posibilidades para ello, y a riesgo de poner en peligro nuestra propia supervivencia como pueblo.
En impedir que eso ocurra, así como cualquier otra acción o medida que ponga en peligro nuestra soberanía nacional, es donde todos los dominicanos tenemos que coincidir y construir consenso, independientemente de las ideologías, creencias y orientación política partidista.
Solo así se hace patria.
Que vivan los padres fundadores de la Patria: Duarte, Sánchez y Mella.
Que viven los héroes de la Restauración.
Que viva la República Dominicana.
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