Diputada Pilarte acude ante el Tribunal Superior Electoral por rechazo del PRM a aceptar su precandidatura

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana

La diputada Rosa Amalia Pilarte ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior Electoral contra la decisión adoptada por la Comisión Nacional Electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de rechazar su inscripción como precandidata a esa misma posición por la provincia La Vega para los comicios de 2024.

Así lo informó José Miguel López (Micky López), en una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, y dijo que la diputada no ha tenido contacto con la cúpula del PRM después de anunciarse esa decisión.

En el programa, Luis Féliz, abogado de la familia López Pilarte cuestionó que el Ministerio Público insista en mantener la acusación de lavado de activos contra la diputada Pilarte, cuando hay una sentencia de un tribunal de La Vega de que no hay ninguna evidencia de que la legisladora, su esposo Micky López y otros miembros de su familia tengan alguna vinculación con actividades de narcotráfico.

Indicó que la diputada Pilarte no ha sido notificada por el Ministerio Público sobre la acusación que fue presentada ante el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez, ante el cual se ha solicitado medida de coerción como el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación económica.

Indicó que el proceso judicial contra la familia López Pilarte cuenta con más de tres años en los tribunales, con la insistencia del Ministerio Público de la acusación de que el dinero manejado por la diputada y su esposo proviene del lavado de activos producto del narcotráfico.

El abogado Féliz afirmó que el patrimonio de Micky López y de su familia es fruto de su actividad empresarial, en su calidad de productor avícola desde 2009.

Rechazo del PRM a precandidatura de Pilarte

La diputada Rosa Amalia Pilarte fue excluida entre los precandidatos a diputados por la provincia La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, al ser acusada de participar en lavado de activos.

La decisión contra la actual diputada y esposa de Nicky López está contenida en una resolución de la Comisión Nacional de Elecciones del PRM, en la que se rechaza su inscripción para optar por otro periodo en el Congreso Nacional.

La exclusión de Pilarte fue anunciada después que el Ministerio Público apoderará a la Suprema Corte de Justicia de una acusación por lavado de activos.
Pilarte es sindicada de haber movilizado más de 2 mil millones de pesos en el sistema financiera, supuestamente provenientes de la actividad del narcotráfico, pero ella y su esposo han negado las imputaciones de las autoridades.

“Nuestra organización en su accionar procura llevar en sus boletas electorales a cargos de elección popular, a hombres y mujes que no tengan procesos abiertos vinculados a delitos e infracciones de tipos penales, los cuales estos sean el reflejo de los valores y principios que enarbola”, dice el PRM en la resolución.

Esta medida fue tomada  ante una instancia entregada por Pedro Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto en representación de la Procuradora General de la República, dirigida al magistrado Napoleón Ricardo Estevez Lavandier, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual presenta acusación, solicitud de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, por lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

En la resolución se decide que el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones notifique y devuelva el expediente de solicitud de inscripción de precandidatura a diputada por la Circunscripción 1, de la provincia La Vega, a la compañera señora Rosa Amalia Pilarte López, por la presente decisión” señalan.

Se indica también que esa comisión “reconoce que lo expresado no implica condenación aún contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, en ella reposa todas las garantías de derecho al debido proceso para demostrar su inocencia y el Ministerio Público demostrar su culpabilidad en los hechos que se le imputan reñidos con las leyes, en un juicio oral, público y contradictorio, conforme a la Constitución dominicana, el Código de Procesal Penal, Código Penal y leyes especiales sobre la materia en cuestión, que para los fines conllevaría un tiempo importante, quizás más allá de la celebración de las elecciones generales ordinarias de 2024”.