DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-
El país ha vivido episodios lamentables de legisladores implicados en negocios ilícitos y han sido reclamados en extradición por Estados Unidos.
Los expedientes con puntuales acusaciones son del conocimiento público.
El problema radica en una real fiscalización del financiamiento de la campaña que compete a la Junta Central Electoral.
Sin embargo, la responsabilidad mayor y capital corresponde a las cúpulas de los partidos políticos, que no deben permitir ni auspiciar que personas son dudosa trayectoria puedan postularse a cargos electivos a base de los recursos que exhiban, muchas veces sin importar la procedencia.
De ahí que haya denuncias de que conocidos del narcotráfico aportan fondos a favor de determinados candidatos o en su provecho propio al ser postulados por algunos partidos.
Vergonzoso ha sido para el país que diputados o funcionarios públicos sean apresados o destituidos por su vinculación con actividades reñidas con la ley.
Las elecciones del próximo año es el mejor escenario para que la Junta sea más estricta en la fiscalización de los fondos de la campaña y para que los partidos eviten que dirigentes o cercanos colaboradores de cuestionable trayectoria tengan alguna oportunidad de llegar a las alcaldías y al Congreso Nacional.
Se requiere un firme compromiso con la decencia y el respeto a la ley de parte del liderazgo nacional y de los miembros de la Junta, ya que se debe velar por el fortalecimiento de la democracia y del orden institucional.
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