SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Empresas de Courrier expresó su preocupación al anuncio de la Dirección de Aduanas de gravar las importaciones de consumidores de menos doscientos dólares, tras calificar la disposición de ilegal, además de perjudicar directamente a la población.-
José Burdie, presidente de la entidad, manifestó que la medida anunciada violaría claramente las disposiciones del decreto 402-05 respecto al despacho expreso de envíos.
Afirmó que es “inaudito y aberrante que una institución como Aduanas, de forma puramente administrativa, pretenda modificar el mandato expreso de un decreto que por demás también formó parte de los acuerdos aprobados en el marco de la implementación del DR-Cafta. Eso viola las reglas más fundamentales del Estado de Derecho”.
La asociación expresó que además de ilegal, la medida tomada de forma irregular de Aduanas contradice directamente lo planteado por el presidente Danilo Medina a propósito de la reforma fiscal de 2012, cuando indicó que expresamente a la opinión pública que la eliminación de esa exención vulneraría un derecho adquirido por la población dominicana.
El presidente de la entidad explicó que la disposición de Aduanas implicaría una carga fiscal directa a los consumidores que adquieren bienes de menores de 200 dólares en el exterior de entre un 18 y un 39 por ciento, correspondiente al Impuesto a la Transferencia de Impuestos y Bienes Industrializados y aranceles.
Indicó que esos montos sería una dura carga para la clase media, que es la que más realiza este tipo de compras como una forma de aliviar las múltiples presiones económicas y los altos precios de muchos productos en el mercado local.
Igualmente, la institución explicó que ese mecanismo de Aduanas, además de ilegal, atentaría contra los mecanismos de despacho de mercancía expresa, ya que generaría enormes retrasos que resultan incompatibles con la agilidad que se supone que tenga este tipo de servicio.
Lamentó que los funcionarios de Aduanas cedan a las presiones impuestas por la Organización Nacional de Empresas Comerciales y de otras organizaciones del sector privado y que intentan proteger los intereses de ese sector en desmedro del interés de los consumidores del país.
En ese sentido, calificó de “preocupante que desde el Estado se favorezcan los intereses de algunos grupos empresariales, mientras se pisotea un derecho adquirido de decenas de miles de consumidores dominicanos”.
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