Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces por faltas graves en el ejercicio de sus funciones
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó la destitución de los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, así como el magistrado de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía.
Los procesados fueron hallados culpables de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, en violación de los artículos 66, numeral 1, 44 numeral 7 y 41 numeral 2 sobre Carrera Judicial; así como los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial. También los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 13 y 53 del Código Iberoamericano de Ética Judicial.
La decisión fue adoptada por el CPJ, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, e integran los consejeros Víctor José Castellanos Estrella, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.
Asimismo, dispuso remitir copia del expediente al Ministerio Público para los fines que estime pertinente, “debido a que esta jurisdicción considera que el proceso disciplinario evidenció hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal de los hoy disciplinariamente sancionados”, subraya.
Establece que luego de estudiar los alegatos y las piezas contentivas del expediente en contra de los jueces destituido, ha podido comprobar que estos incurrieron en la comisión de faltas graves que constituyen un descuido inaceptable, y hechos contrarios a la ética, lo cual justifica que sean sancionados en orden a la preservación de la moralidad profesional e institucional que debe regir a todos los miembros del Poder Judicial.
El organismo declaró buenas y válidas, en cuanto a la forma, las denuncias para apertura a juicio disciplinario, formuladas por ante el CPJ por el Procurador General de la República.
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