DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- A la Junta Central Electoral hay que reconocerle positivamente sus denodados esfuerzos por el cumplimiento transparente y responsable de sus tareas de cara a las elecciones de 2020, como fue prometido por su Presidente en la juramentación ante el Congreso Nacional el 22 de noviembre de 2016.
Y no puede ser de otra manera, los escollos encontrados en el camino por el órgano de elecciones son propios de los nuevos retos que ha tenido que enfrentar desde el aspecto formal y obligatorio de unas legislaciones de partidos y electoral tan novedosas y contradictorias, las decisiones judiciales. También desde las prácticas internas de los partidos, con las impugnaciones de sus decisiones, que en no pocos de los casos la han obligado a colocar los procesos en el borde extremo de su cumplimiento y a la postergación de sus procesos preparatorios.
La Junta ha tenido que sortear, y decidir en algunos casos, aspectos de la cotidianidad interna de los procesos organizativos y eleccionarios de los partidos, sus divisiones y recomposiciones, y lo ha hecho muy bien.
También ha soportado estoicamente los desenfrenos de algunos ponentes políticos que invitados a presentar las opciones, los disensos y las oportunidades de superación del proceso electoral han aprovechado el escenario augusto de su salón de audiencias para la diatriba y el desahogo mediocre de personeros que procuran, desde esa tribuna, recuperar la vigencia pública que han perdido en los últimos cuatrienios.
La Junta también ha recibido despiadados ataques en su integridad, desde las entrañas mismas de la sociedad, como los propinados de manera provocativa desde su propio frontispicio a raíz del fracasado proceso del 15 de febrero, del cual se recuperó con creces la Junta con resultados bien hadados como los del 15 de marzo. Otro duro golpe asestado a la institucionalidad con el apoyo de la colectividad política y de grupos non patria que se hacen llamar sociedad civil, concretado en la imposición de la injustificada y antijurídica Comisión de Seguimiento, cual guardián que se nombra a quien no se confía.
No obstante, la Junta ha sabido mantenerse incólume y transparente, cual juez, sin resabios ni retaliaciones, abocada a la organización del proceso 5 de julio para el Presidente y Vicepresidenta de la República, 32 senadores, 271 diputados, 5 diputados nacionales y 7 diputados de ultramar, para todo lo cual debe recibir el apoyo y confianza total de los partidos y la sociedad en pleno, principalmente en este momento crítico en que las votaciones para los diputados del exterior es un reto que no depende de sus esfuerzos ni de su entereza, sino de la voluntad de aquellos países.
Asimismo, no debe la Junta Central Electoral desdeñar los recursos y capacidades que representan y tienen a su disposición sus miembros suplentes, que son nombrados por la misma disposición constitucional con los mismos requisitos y exigencias que sus titulares, lo mismo que abocarse a incluir en el padrón los electores que previsiblemente, con pandemia y sin pandemia, alcanzarán la capacidad para el ejercicio de su derecho fundamental de elegir y ser elegibles para la fecha de las elecciones.
Los comentarios están cerrados.