Consultor Jurídico del Poder anunciará posición del Gobierno sobre el Pacto Migratorio de ONU
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, fue encomendado por el presidente Danilo Medina para comunicar al país la posición adoptada por el Gobierno con relación a la firma o no del Pacto Mundial Migratorio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas prevista para los días 10 y 11 de diciembre en Marruecos.
Así lo informó el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien dijo que los detalles de la decisión serán ofrecidos por el consultor jurídico Espinal a partir de las cuatro de la tarde en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
Una comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, analizó desde el pasado viernes los pormenores del Pacto Migratorio de las Naciones Unidas para rendir un informe al Poder Ejecutivo y así se adopte la posición oficial en torno al conflictivo tema.
Además de Montalvo, la comisión está conformada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, Miguel Vargas y José Ramón Fadul.
Igualmente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; y el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (DIAPE), Ramón Tejada Holguín.
Amplio rechazo
El Pacto Migratorio ha sido objetado por Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y representantes de los partidos Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio y de la Fuerza Nacional Progresista.
Abinader afirmó que “la comunidad internacional tiene que entender que República Dominicana no puede cargar con la situación de insostenibilidad que significa el ingreso a nuestro país de una gran cantidad de ciudadanos haitianos irregulares”.
Dijo que el Gobierno debe transparentar lo que hay tras ese pacto y someterlo a una consulta nacional, como advirtió el PRM en un documento hecho público por su presidente José Ignacio Paliza.
De su lado, el presidente del Partido Reformista, Federico Antún Batlle, llamó al Gobierno no firmar ese documento de las Naciones Unidas, al considerarlo “una ignominia a la memoria de los fundadores de la República y por tanto una traición a la patria”.
El partido Dominicanos por el Cambio, que encabeza Eduardo Estrella, pidió al Congreso Nacional no ratificar ese proyecto que afecta la soberanía nacional.
Mientras que el diputado del PRSC, Víctor Ito Bisonó, advierte que el Pacto Migratorio incluye compromisos que no pueden ser cumplidos por el país, citando los casos de ofrecer salud, educación, seguridad alimentaria, servicios y trabajo a los migrantes.
“República Dominicana no califica para cumplir, y va a pasar que vamos a ser demandados, y al ser demandados vamos a ser hallados culpables, nos van a castigar y nos van a llevar a otros estamentos que va permitir a esa migración ilegal que nosotros tenemos, no deseada de los haitianos, va a pasar a otro proceso, como los que hemos visto anteriormente”, indicó el legislador.
En tanto que el dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, advirtió que ser parte del acuerdo puede llevar a un incremento de haitianos que cruzan la frontera, y consideró que no existe ninguna razón ni ventaja de interés nacional para tomar una decisión con esas implicaciones al acoger el Plan Migratorio Mundial.
Detalles del pacto
Fue acordado en junio pasado por 193 países miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos, Bulgaria, Italia, Hungría, Australia, Israel, Estonia, Polonia, República Checa, Slovenia, Suiza, Austria y Croacina con algunos de los países que han manifestado que no firmarán el acuerdo de Naciones Unidas.
El Pacto contiene 23 puntos que deberán ser cumplidos por las naciones firmantes y establece “Eliminar todas las formas de discriminación y promover el discurso público basado en la evidencia para moldear las percepciones de la migración”.
También señala que se deberá facilitar la movilidad laboral regional y transregional a través de acuerdos internacionales y bilaterales.
En sus 23 puntos contempla que se brinden acceso a servicios básicos para migrantes; asegurar que estos tengan prueba de identidad legal y documentación adecuada, así como empoderarlos a las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social.
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