SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) que preside el reverendo Fidel Lorenzo Meràn propuso al Profesor Román Jáquez Liranzo como miembro titular de la Junta Central Electoral para el período 2016-2020, en una carta dirigida al Senado de la República vía la Comisión Especial que preside el Senador Dionis Sánchez.
“Creemos que el licenciado Jáquez Liranzo posee las condiciones éticas, morales y profesionales, así como el perfil requerido para desempeñar las funciones de miembro del organismo electoral, tomando en cuenta lo anterior y su experiencia de más de 10 años en los procesos administrativos y contenciosos electorales, tanto en la Junta Electoral del Distrito Nacional (JEDN), así como juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE)”, señala el Pastor Lorenzo.
El académico también ha sido propuesto como Presidente o Miembro Titular de la JCE por gremios profesionales como la Red Dominicana de Abogados Católicos, el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el Círculo de Locutores Dominicanos, la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), así como por la Fundación Justicia y Transparencia, entre otras, por su desempeño en las elecciones de 2008 y 2010 en la JEDN, y por su experiencia como Juez Suplente del Presidente en el TSE en las elecciones de 2012 y 2016.
Jáquez es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo y tiene 6 títulos de Cuarto Nivel, entre los que se destaca la Maestría en Estudios Políticos-Electorales con doble titulación de la Universidad de Granada, España, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además tiene unos 16 años de experiencia académica y unos 13 en la administración de instituciones del Sistema de Justicia.
La carta de postulación indica que el Codue ha expresado en varias ocasiones su preocupación en la escogencia de personas idóneas para cumplir con tan delicadas funciones como son las de ser miembro del organismo electoral que tiene la facultad de arbitrar procesos importantes para la democracia dominicana.
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