Cancillería responde asesor de ONU sobre política de deportaciones de ilegales haitianos
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-
El experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, William O’Neill, ha hecho un llamado para que se descontinúen las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.
Ante esta declaración, el gobierno dominicano tiene a bien hacer las siguientes precisiones:
República Dominicana es el único país que hace frontera terrestre con Haití. Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. Esta es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. El deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos.
El masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible. Para que se tenga una idea, solo en 2022, República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano. Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional.
Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de manera fehaciente el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Por ejemplo, en 2018, el 12,5% de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción aumentó dramáticamente al 23,7% en 2019, al 27,2% en 2020, al 30,5% en 2021, al 33.1% en 2022 y al 34% en 2023 (según datos hasta mayo). En los últimos tres años, estamos promediando más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.
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