Artículo: El desastre de  Haití visto por  la OEA/Autora: Cándida Figuereo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- No se puede defender un  derecho humano mancillando  otro como se pretende hacer con la República Dominicana ante el alarido de un vecindario de 27,750 km²  atestado por  cerca de 10 millones de habitantes que están conscientes de que es un mentís su lema de libertad, igualdad y fraternidad.

El desastre de Haití visto por la OEA es una de las pruebas más fehacientes del infierno que arropa a los más depauperados de esa zona que necesita con urgencia  aferrarse a lo divino y trabajar unidos por un mejor norte sin salir de su terruño.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) conoce al dedillo lo que ocurre allí y quedó anonadada  tras una visita de observación en el terreno hace siete años y siete meses, momento en que gobernaba una de las probables figuras más señera en la zona, René García Préval.

La CIDH, en su conclusión y recomendación marcada con OEA/Ser.L/V/II.131

doc. 36.2 Marzo 2008, refiere que “las instituciones estatales casi no son capaces de llevar a cabo sus funciones de manera adecuada, la corrupción es abundante, e incluso, las instituciones haitianas son en gran parte incapaces de proveer servicios básicos para la población en las áreas de salud, educación y bienestar social”.

Subraya que “Es importante destacar que estos esfuerzos tendrán más posibilidad de éxito si hay una mayor cooperación entre el gobierno haitiano y la comunidad internacional y mayores recursos por parte de donantes internacionales”.

Otra observación de la CIDH fue su preocupación “por el agudo deterioro de la seguridad pública, debido a la violencia existente en muchos lugares por la presencia de pandillas armadas y la falta de control efectivo en ciertos sectores de Puerto Príncipe y en las provincias. En años recientes se han reportado cientos de víctimas de secuestros, violaciones, homicidios, palizas y destrucción masiva de la propiedad, lo cual ha producido un número récord de pérdidas civiles en el año 2005 y, un aumento aún mayor en la criminalidad violenta registrada en el año 2006”.

La Comisión  no pasa por alto que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una prioridad y la garantía de una respuesta judicial efectiva, pero no escapa al conocimiento de la CIDH al momento de rendir este informe  que “algunas soluciones a este problema todavía existen sólo en papel y no han sido puestas en práctica”.