DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Una de las tareas que el Congreso Nacional no debería dilatar es corregir todos los disparates que se colaron en las leyes de Partidos y del Régimen Electoral, los cuales fueron propiciados por el afán del expresidente Danilo Medina de acomodar las legislaciones a sus intereses particulares.
El amplio abanico de discrecionalidad bajo el cual se cobijó la Junta Central Electoral (JCE) para emitir la resolución que afectaba al 98% de las organizaciones que forman parte del ecosistema partidario, es el producto de interpretar, particularmente la Ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, la cual le permitía moverse tanto a la izquierda como a la derecha y al centro, y eventualmente quedar bien.
Algo que no es posible bajo ninguna lógica elemental y razonable.
La Ley de Partidos, que tanta lucha dio conseguir su aprobación, fue un traje a la medida de la maldad intrínseca del expresidente Medina, probablemente uno de los políticos más perversos que ha tenido este país.
Producto de esa condición, Danilo se propuso, no solo cerrarle el paso a quien le hizo presidente, sino dañar todo el sistema de partidos, razón por la cual no es enteramente justo atribuir a la JCE toda la culpa de lo que tuvo que anular el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El designio de maldad del ahora líder del Partido de la Liberación Dominicana fue tal que su engendro ha devenido en afectación de su propia formación, la que en muchos aspectos está sometida a unos constreñimientos aberrantes, como todos los demás entes del sistema.
La obra de los legisladores manejados desde Palacio por el antiguo mandatario ha tenido que ser descuartizada como en una carnicería por el Tribunal Constitucional mediante sentencias que de alguna manera han ido salvando el principio de razonabilidad de las leyes.
Medina armó un Frankenstein legal que no encajó en sus intereses gracias a que la Constitución de 2010—la que él pisoteó—creó los mecanismos institucionales que pusieron freno a sus desmanes, como son el TC y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Y, de manera muy puntual como en el caso de la citada decisión de la JCE, también ha debido intervenir el TSA para resolver estos entuertos.
Dada la situación planteada, que viene desde el pasado proceso electoral y sus antecedentes, el Congreso Nacional no debería de permitir que lleguen los próximos aprestos previos a las elecciones de 2024 para resolver estas cuestiones.
Los plazos para arribar a aquella fecha comienzan en unos pocos meses—aunque parezca—si tomamos en cuenta que la propia Ley de Partidos establece un calendario que afecta a las organizaciones políticas y les impone obligaciones ineludibles.
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