Cámara de Cuentas auditará carretera de Samaná y vías maneja Autopistas del Nordeste

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana decidió auditar las operaciones de las carreteras Santo Domingo-Rincón de Molinillos y Rincón de Molinillos-Las Terrenas, manejadas bajo el régimen de concesión por la empresa Autopistas del Nordeste.

Así lo reveló Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), tras recibir una comunicación de la presidenta de la Cámara de Cuencas, Licelot Marte de Barrios.

La auditoría de esas obras fue aprobada por la Cámara de Cuentas está amparada en la decisión DEC-2015-139, de fecha 9 de julio.

En adición de esa auditoría, la Adocco también ha solicitado que la empresa Autopistas del Norte, por medio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ofrezca un informe pormenorizado de las recaudaciones que por concepto de cobros de peajes que operan en esas carreteras, además de los recursos que recibe de parte del Estado en el presupuesto de la nación.

La Adocco recordó que “desde el inicio de las operaciones de la autovía la administradora ha recibido la astronómica suma de RD$7,949,500.0, lo que de acuerdo al contrato que tiene una duración de 30 años se denomina “Ingreso mínimo garantizado”, de acuerdo a lo estipulado por la concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, donde se obliga al Estado a pagar un costo elevado por una cantidad mínima de vehículos que deberían utilizar la vía, sin conocerse de manera transparente lo recaudado por la empresa en las estaciones de peaje que opera, cuyo cobro en un viaje de ida y vuelta a Samaná en vehículo liviano, los usuarios de la carretera, construida a un carril en sentido contrario, deben pagar 1,876 pesos en cuatro estafetas”.

Indicó que mediante ese mismo esquema, el Estado concedió a esa misma empresa la construcción del Boulevard del Atlántico, que es la carretera que va desde el cruce de Rincón de Molinillos hasta las Terrenas, operada bajo el mismo régimen de peajes, invirtiendo US$99 millones de dólares y entregada por el mismo periodo de administración, con la agravante de que no fue licitada, no obstante están en funcionamiento en ese momento la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que “estamos haciendo los estudios de lugar para invalidar la concesión ante los tribunales nacionales e internacionales de ser necesario”.