Abogados piden a Danilo convocar una cumbre sobre la situación actual de la Justicia

SANTO DOMINGO.- Los juristas Cándido Simón y Julio Cury pidieron al presidente Danilo Medina que convoque a los presidentes los cuatro poderes del Estado a una Cumbre de Entendimiento por la Justicia Penal a propósito de los debates generados por el enfrentamiento entre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Gemán con el Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito.

En una comunicación enviada los abogados sostienen que el Presidente de la República preside a su vez el Consejo Nacional de la Magistratura que designa los jueces de las altas cortes y evalúa el desempeño de los de la Suprema Corte de Justicia, según el artículo 179 de la Constitución.

“Señor Presidente, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que designa los jueces de las altas cortes y evalúa el desempeño de la parte institucional, es urgente que reúna al Presidente del Poder Judicial Mariano German, el Presidente del Poder Constitucional Milton Ray Guevara, la Presidenta del Poder Legislativo Cristina Lizardo, con la veeduría de la Defensora del Pueblo Zoila Martínez, a fin de que envíen un mensaje alentador conjunto a la ciudadanía” que observa perpleja la crisis de una servicio de justicia cada vez más atomizado, inoperante e ilegitimado por la falta de credibilidad en grandes segmentos de la población. 

El Presidente de la República no puede ser ajeno a esta evidente situación ni mantenerse al margen de la misma, más aun que  la Constitución le autoriza para tomar partido sin que ello implique inmiscuirse en la función jurisdiccional de la justicia, pero si tiene calidad jurídica para articular y orientar la justicia por el buen camino institucional. En su condición de Jefe de Gobierno es el líder del país, y como tal, tiene la responsabilidad institucional de convocar a los demás líderes del Estado para que articulen los mecanismos para afrontar este fenómeno que a todos y todas nos afecta.

Texto íntegro del documento de los juristas:

Santo Domingo, R.D.

Abril 14 de 2015

Licenciado

Danilo Medina Sánchez

Presidente de la República

Palacio de la Presidencia

Su despacho

Ciudad.

Cc/ Dr. Milton Ray Guevara, Pte. Tribunal Constitucional

      Dr. Mariano German, Pte. Suprema Corte Justicia

      Licda. Cristina Lizardo Pta. Senado de la República

      Dra. Zoila Martínez de Medina, Defensora del Pueblo

Honorable señor:

Los juristas y académicos que suscriben, preocupados por el derrotero que permea el servicio de justicia en el país, conscientes de que la legitimidad judicial es determinante en el desarrollo de la democracia, y asumiendo que en efecto la justicia penal se encuentra en evidente situación crítica, cumpliendo con el deber ciudadano asignado y derecho reconocido por los artículos 22.4 y 75.12 de la Constitución.

Tenemos a bien solicitarle que en su triple condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente del Poder Ejecutivo, atribuidos por la Constitución, convoque de urgencia una Cumbre de los Cuatro Poderes Estado por la Justicia Penal a fin de instaurar mecanismos que impidan el inminente colapso del sistema de justicia penal en el país.

Señor Presidente, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que designa los jueces de las altas cortes y evalúa el desempeño de la parte jurisdiccional, es urgente que reúna al Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Poder Constitucional, la Presidenta del Poder Legislativo, con la veeduría de la Defensora del Pueblo, a fin de que envíen un mensaje alentador conjunto a la ciudadanía, que observa perpleja:

1.   Como se incrementa la violencia callejera y la criminalidad.

2.   Los asesinatos crueles de ciudadanos y ciudadanas

3.   La muerte a mansalva de supuestos delincuentes en manos de la policía.

4.   Pronunciamientos estridentes de algunos legisladores instigando a las matanzas callejeras.

5.   Militares y policías involucrados en narcotráfico y sicariato.

6.   El desprestigio de las agencias de policía y de antidrogas, que son la puerta de acceso a la justicia penal.

7.   El enfrentamiento entre jueces y fiscales, fiscales y policías, desde abajo hasta las instancias superiores.

8.   La renuncia de jueces, fiscales y defensores públicos por la precariedad de los salarios, mientras las altas instancias sucede lo contrario.

9.   La escasez de jueces, fiscales y defensores públicos en las jurisdicciones más pobladas.

10.               El colapso de la defensoría pública por la estrechez del presupuesto, entre otras razones.

11.               El populismo congresual, incrementando las penas y reduciendo las garantías procesales como presupuesto absurdo para disminuir la criminalidad cada vez más violente, cruel y creciente.

12.               La quiebra de las garantías constitucionales en sede judicial.

13.               El debilitamiento del ministerio público y la inseguridad social de sus miembros, que desempeñan su labor en condiciones precarias.

14.               La ilegitimidad social de la justicia penal que cada vez pierde más credibilidad en la población.

 15.               La inseguridad jurídica expresada en sede judicial, donde no se puede presupuestar como se ha de interpretar la ley en cada caso.

 La crisis de la justicia penal es la crisis de la justicia toda, porque esta es el rostro, la que se ve como punta del iceberg.

 1.   Crisis de credibilidad. Por falta de legitimidad con un bajísimo índice de aceptación social según las últimas encuestas, en un país que se ha convertido en uno de los más inseguros del continente.

 2.   Crisis institucional. La confrontación de los actores encargados de prevenir, evitar, investigar, procesar, juzgar y sancionar la criminalidad, el delito y los criminales afecta la seguridad humana, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la jurídica del país.

La Constitución instauró el diseño de una política criminológica para evitar y en su caso afrontar el crimen, pero el enfrentamiento entre los actores del sistema imputándose culpabilidades reciprocas, de nada sirve a la solución pacifica de los conflictos sociales.

3.   Crisis Social. La crisis de la justicia penal como sector es una de las causas fundamentales de la violencia humana que frustrada ante una justicia inoperante termina buscando soluciones violentas por su propia cuenta.

Honorable señor, esta situación es la expresión de la falta de una estrategia global entre los actores del sistema, que afecta las expectativas de la sociedad, mata la esperanza de la gente, atenta contra el régimen democrático del Estado Social e incrementa la violencia por falta de un espacio institucional legitimado donde dirimir con efectividad, eficiencia, eficacia y credibilidad los conflictos sociales.

El Presidente de la Republica no puede ser ajeno a esta evidente situación ni mantenerse al margen de la misma, más aun que  la Constitución le autoriza para tomar partido sin que ello implique inmiscuirse en la función jurisdiccional de la justicia, pero si tiene calidad jurídica para articular y orientar la justicia por el buen camino institucional.

En su condición de Jefe de Gobierno es el líder del país, y como tal, tiene la responsabilidad institucional de convocar a los demás líderes del Estado para que articulen los mecanismos para afrontar el fenómeno que a todos y todas nos afecta.

Nos aprovechamos de la ocasión para expresarle los más sinceros sentimientos de consideración, estima y respeto”.

Dr. Cándido SIMON                                           Dr. Julio CURY