DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano representados en la corriente Por el Rescate del PRD señalaron la existencia de un concierto de complicidades impulsadas por el poder político que tiene como meta esencial promover, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Constitucional, mecanismos en capacidad de preservar a Miguel Vargas Maldonado en control de las siglas del Partido Revolucionario Dominicano.
Para Tonty Rutinel, Ruddy González, Guido Gómez Mazara, Papito Martínez, César Guzmán y Andrés Henríquez, el hecho de que la sentencia TSE#012-2019 obligue al proceso de celebración inmediata de la competencia interna del partido blanco crea una terrible dificultad al sector que insiste en preservar el control de las siglas partidarias, y bajo ese criterio, se estimula una dilación en la JCE para asumir las responsabilidades derivadas de la ley 15-19 que le asigna la facultad de tomar el control y la supervisión de la convención ordinaria que seleccionará las autoridades mediante el voto de los registrados en el padrón, pero la no actuación del órgano electoral habilita el tiempo para que Vargas Maldonado pretenda realizar una maniobra estatutaria dándole tintes de validez legal a situaciones claramente definidas mediante sentencia del TSE.
Señalaron que la JCE actúa con extrema irresponsabilidad porque patea la decisión del TSE y envía con carácter de supervisor empleados de ese organismo que, haciendo acto de presencia en actividades particulares de Vargas Maldonado, mediáticamente utiliza ese sector en ánimo de considerarse validado y legitimado como autoridad partidaria. Para los miembros de la corriente Por El Rescate del PRD, la situación que realmente afecta la institucionalidad democrática en el país consiste en la presencia de activistas partidarios en posiciones arbitrales que terminan accionando a favor de una casa grupal en detrimento del órgano que representan, y promoviendo en sus políticos preferidos la idea de que las decisiones deben ser acorde con el interés politiquero, sin importar normas ni leyes.
Los dirigentes del PRD señalaron que el esquema de auxilio institucional para proteger a Vargas Maldonado tiene una segunda fase consistente en una acción encaminada ante el Tribunal Constitucional donde al igual que en la JCE, el actual canciller tiene dos activistas, tratando por todas las vías de revertir la decisión emanada del TSE, pero como resulta cuesta arriba conseguir una decisión rápida allí, se prioriza la JCE de instancia esencial para salvarlo políticamente.
Reiteraron su compromiso de luchar hacia lo interno del PRD y ante las instancias institucionales existentes amparadas en preceptos legales, fundamentándose en la aspiración democrática nacida de una sentencia del TSE y que se entiende una fatalidad para los planes de mantener a Vargas Maldonado, por lo que la JCE y TC servirían de base jurídica para “salvarlo” y en capacidad de darle ribetes de legalidad al control de las siglas del partido blanco.
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