Tras incidente con el procurador, el jurista Miguel Valerio asegura que Germán Brito debe ser ratificada como jueza de Suprema

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-  Surgen nuevos elementos en torno al enfrentamiento entre la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, y el procurador general de la República, surgido en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura durante la evaluación de diez de los actuales miembros de ese organismo judicial para ser ratificados o sustituidos de sus cargos.

El cuestionamiento que hizo el procurador Rodríguez a la magistrada ha incentivado el debate sobre si proceda o no la anulación de la evaluación hecha a la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte o, en caso contrario, deberá ser ratificada en la posición por los próximos cinco años, cuando cumplirá 75 años de edad, reglamentada para el retiro obligatorio.

Juristas de la talla de Miguel Valerio y Carlos Salcedo mantienen el planteamiento sobre la nulidad del cuestionamiento del jefe del Ministerio Público en el que, de acuerdo a muchos sectores, hubo una actitud que afecta la dignidad y la integridad de la magistrada, lo que obliga a que el Consejo de la Magistratura tenga que ratificarla en el cargo.

“El presidente Danilo Medina es el garante de los procesos en el Consejo. Se debe anular la  evaluación a la magistrada Miriam Germán y ser ratificada  en la Suprema Corte de Justicia”, manifestó el jurista Miguel Valerio.

Además, salió en defensa de la integridad de la jueza Germán Brito. “Miriam duró veinte años en la Primera Cámara Penal. Miriam pidió un préstamo de tres millones para pagar una sucesión. Eso no es corrupto”, precisó.

Refutó declaraciones ofrecidas por el inspector general de la Procuraduría General, Bolívar Sánchez, de que se había pedido la interceptación del teléfono de un supuesto narcotraficante que frecuentemente comunicarse a otro aparato cuyo número resultó pertenecer a la jueza Germán Brito.

Entiende que el procurador adjunto Sánchez no cuenta con la facultad legal para realizar investigaciones de ninguna persona o juez, como el caso de Germán Brito, sino que su trabajo está centrado exclusivamente a las labores que desempeñen los fiscales a nivel nacional, como lo especifica la Ley del Ministerio Público.

En unas declaraciones ofrecidas por el procurador adjunto Bolívar Sánchez se indica que el Ministerio Pública investigaba a Richard Molina Ovalles, quien había fingido su muerte en el año 2014, pero que después resucitó y posteriormente construyó una vivienda de la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte en la provincia San José de Ocoa, en la provincia Peravia.