MADRID, España.- No son nuevas las noticias de que reconocidos delincuentes y narcotraficantes prófugos en sus países se refugien en República Dominicana.
En los últimos años el caso más escandaloso lo fue el puertorriqueño José David Figueroa Agosto, quien orquestó en el país todo un andamiaje delictivo que permeó estructuras militares y policiales, además de otras esferas sensibles del Estado.
Existe, por igual, el caso del venezolano Yoel Palmar fue detenido en Colombia, pero era el propietario en el territorio nacional del casino Malecón Palace, que operaba en el reconocido residencial Malecón Center.
Era acusado y buscado por la acusación de “ser el mayor capo en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia República Dominicana. Fue arrestado el 11 de diciembre pasado y reclamado en extradición por Venezuela.
Ahora se destapa el escándalo de que uno de los cabecillas de una organización de narcotráfico de Colombia estaba escondido en Punta Cana, viviendo en una lujosa residencia y se hacía pasar como ganadero.
El jefe del grupo Robledo de Medellín, Julián Alberto Jiménez Monsalve, mejor conocido como El Machete, era activamente buscado por la Policía Internacional (Interpol), pero desde Colombia se reportó que fue arrestado en la zona este de República Dominicana.
Esta pregunta cuelga a la vista, ¿sabían las autoridades dominicanas de la presencia de este extranjero? ¿Tenían conocimiento de sus actividades públicas y privadas? Estas interrogantes vienen a colación porque existen versiones de que Jiménez Monsalve tenía planes de involucrarse con la alta sociedad.
El historial de este personaje da escalofrío. Tenía un peligroso prontuario delictivo por cerca de 40 homicidios y rentas criminales. Estaba al mando de la banda “El Coco” y sería el sucesor del narcotraficante identificado como “Carlos Pesebre”, cabecilla de la Comuna 13, capturado en 2013. Estos datos provienen directamente de las autoridades judiciales de Colombia.
El director de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas, ha manifestado que Jiménez Monsalve contaba “con tres órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas”.
Este prontuario del colombiano conduce a una total preocupación, lo que obliga que las autoridades de República Dominicana se vean en la obligación de ofrecer una explicación convincente sobre las circunstancias que envuelven que ese alegado narcotraficante contara con el permiso correspondiente para instalarse en Punta Cana, sin ser molestado ni investigado, a pesar de tener órdenes de parte de la Interpol.
Además, este nuevo caso es la mejor evidencia de que existen fallos claros en la inteligencia del Estado. No es posible que extranjeros puedan vivir con fortunas conocidas sin ser indagados o depurados por los funcionarios encargados de esta responsabilidad.
Después de la detención de Jiménez Monsalve habrá que preguntarse si hay otros delincuentes reconocidos o no, narcotraficantes o no, que hayan tomado a República Dominicana como refugio para evadir la persecución de la Justicia en sus respectivos países.
Hay que aplicar correctivos y sanciones a las autoridades que permiten la violación de las leyes, sin importar las circunstancias.
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