Protección Social Universal: ¿realidad o mito?

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La protección social es pertinente y necesaria, porque el crecimiento económico es voluble e inestable, hay patrones estructurales adversos en los mercados laborales, la generación de empleos en América Latina es insuficiente, enfrentamos el reto de la informalidad, se amplían las brechas entre trabajadores calificados y no calificados, y estamos expuestos a otras brechas, como la brecha digital y la de género.

En consecuencia, la disociación entre crecimiento económico y movilidad social resulta en que muchos aún viven en la pobreza, 186 millones en toda América Latina y El Caribe, para ser exactos.

En ese contexto, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece muy claramente que no se puede dejar a nadie atrás; incluso, de manera implícita, hace un llamado a que los programas de protección social sirvan de red de protección para todos los ciudadanos, no tan solo para algunos.

Por eso, no se trata solamente de cerrar brechas de acceso a servicios, sino de enfrentar lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha llamado el “déficit de ciudadanía”, que no es más que la discriminación en base a identidad, estilo de vida, discapacidad o color de piel. Los que entran en estos grupos discriminados son, en general, los que sufren la exclusión de la protección social.

La comunidad de investigadores y generadores de políticas públicas del tema social discute la pertinencia de la protección social universal, es decir, garantizar a los ciudadanos un piso social básico o un paquete de beneficios mínimos enfocados en mejorar la salud, la nutrición, educación, seguridad alimentaria, acceso a servicios básicos, infraestructura comunitaria, generación de ingresos y protección social.

Una nueva generación de políticas sociales, con enfoque hacia la universalidad, debe incluir políticas de protección social, acciones afirmativas para cerrar las brechas en el mercado laboral, políticas de acceso y uso de activos físicos y financieros, y establecer sistemas de cuidado que garanticen una nueva reorganización de los cuidados entre el Estado, el mercado y las familias.

Sobre esto último ya hemos planteado la necesidad de redistribuir la corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres y hombres.

Evidentemente, la universalización de la protección social conlleva un costo, lo que obliga a una discusión en torno a la inversión social, especialmente en los países de América Latina y El Caribe, que aún están lejos de los promedios de inversión que tienen los países miembros de la OCDE. Sin la discusión seria y profunda en torno al financiamiento de las políticas sociales, la universalización será más un mito que una realidad.

Como parte del X Foro Ministerial de Desarrollo Social y la Segunda Reunión de la Conferencia de Desarrollo Social de América Latina y El Caribe, quedó claro que los países de la región deben redoblar los esfuerzos para cubrir los déficits de cobertura, fortalecer los pisos de protección social y mejorar la suficiencia de las prestaciones.

Solo así podrán enfrentar los desafíos de la transformación demográfica que comienza a transitar la región, respondiendo al cambio veloz y contundente en las estructuras de edades que va a afectar la carga y la organización de los cuidados, al igual que a otros retos de la protección social.