El país deberá definir estrategia de defensa ante juicios de nominada a embajadora por Estados Unidos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Gobierno está obligado a elaborar una estrategia de defensa luego del anuncio de la recomendada para embajadora de Estados Unidos en el país de que defenderá el derecho de los descendientes de haitianos indocumentados a ser favorecidos con la nacionalidad dominicana, en contraposición de la sentencia 168-2003 del Tribunal Constitucional.

La ratificación de la embajada de Estados Unidos en el país a los planteamientos de Robin Bernstein ante e Comité Senatorial de Relaciones Exteriores evidencia que las autoridades dominicanas habrán de prepararse para recibir más presiones desde el extranjero en un intento por revertir el falo de que no son dominicanos los hijos de descendientes ilegales, en su mayoría haitianos.

Si bien esta postura de la nominada por el presidente Donald Trump no es nada nuevo, sin embargo era mantenida en el rango de la diplomacia, muy alejada de la disputa externada entre los sectores nacionalistas y aquellos que propugnan por el otorgamiento de la nacionalidad a todos los indocumentados, obviando lo que establece la Constitución.

De acuerdo al Consejero para Asuntos Públicos de a Embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, se ajusta a la coherencia de su Gobierno el planteamiento de la candidata de que trabajará por los derechos de los haitianos afectados por la sentencia 168-2013.

“Los comentarios de la embajadora designada Bernstein son coherentes con las políticas establecidas de los Estados Unidos en apoyo a los derechos humanos, independientemente de ascendencia u origen. Valoramos los esfuerzos del Gobierno dominicanos por restaurar la nacionalidad a esta población, de acuerdo con los acuerdos suscritos internacionalmente, y asegurar que ningún ciudadano sea marginado debido a su raza o etnia”, agregó el funcionario.

Reacciones

El canciller Miguel Vargas ha rechazado las declaraciones de la propuesta para el cargo y ha negado que en el país hay apatridia, argumento que esgrimen los adversarios de la sentencia 168-2013 emitida por el Tribunal Constitucional, mientras el Gobierno aplica el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para permitir que esos ciudadanos puedan regularizar su estatus migratorio y así optar inclusive hasta por la nacionalidad dominicana.

Para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Suárez, existe una intromisión de parte de Bernstein al salir en defensa de los hijos de los indocumentados, contrario a la sentencia envuelta en el conflicto.

“Las funciones de un embajador son representar a su país y promover sus intereses, no inmiscuirse o trazar pautas”, refirió el legislador del Partido de la Liberación Dominicana.

“A veces en el ejercicio de la diplomacia se pierde de vista el derecho de los países soberanos”, indicó el también presidente de  la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubén Darío Cruz.

En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Álvarez Pérez, manifestó que “así como nosotros no podemos intervenir en las decisiones de Estados Unidos con relación a la política migratoria con los mexicanos y los centroamericanos, ellos tampoco pueden”, al rechazar los juicios de la nominada para el cargo de embajadora en República Dominicana.

“La nueva embajadora de Estados Unidos debe revisar bien la agenda bilateral de Estados Unidos y República Dominicana en la que hay mucho que hacer y mejorar”, precisó el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao.

Otras opiniones

Desde el Instituto Duartiano hubo rechazo a los juicios de Bernstein.  “Pretenden afectar la soberanía dominicana, porque se inmiscuyen en cuestiones internas de la Repúbica Dominicana y también le infringen un golpe al principio de no intervención”, aseguró el vicepresidente de esa entidad y también miembro del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez.

Las declaraciones de la candidata son “atrevidas, irreflexivas y prejuiciadas”, que entienden están apartadas de la línea que habían asumido otros representantes de Estados Unidos y de organismos internacionales en el país.

“Estados Unidos está expulsando gente de su territorio de manera desalmada, nosotros somos más consecuentes en ese asunto”, agregó.

En defensa de la soberanía nacional también salió el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer. “En cuento país no existe apatridia, no existe trato discriminatorio contra nadie, y mucho menos contra los haitianos”, precisó.

“Ni los dominicanos debemos ejercer hegemonía en Haití ni los haitianos deben pretender hacerlo aquí”, indicó el exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo.

La posición del Gobierno

Desde el Gobierno se ha escuchado la voz también del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, además del rechazo que hizo el canciller Miguel Vargas.

“Reiteramos la posición que el Gobierno dominicano ha externado, y es la de que en la República Dominicana no hay apátridas”, manifestó el funcionario.

Argumentó que el país es un Estado soberano, y que en esta posición no cederá las autoridades ni los dominicanos.

“Las normas migratorias son de exclusivo dominio soberano del Estado dominicano”, dijo, agregando que “es bueno que quede bien claro el mensaje que siempre hemos dado: lo que íbamos a hacer como contribución a la estabilidad de Haití, ya lo hicimos con el Plan Nacional de Regularización, regularizar una mano de obra que se somete a los requisitos establecidos en dicho plan y a la Ley de Migración”.