Jueza de San Cristóbal defiende decisión favorece a reclusos que Ministerio Público califica de peligrosos

SAN CRISTÓBAL, provincia San Cristóbal, República Dominicana.- La jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena, Katherine A. Rubio, defendió su decisión de favor con permisos para que 42 reclusos disfrutaron de las festividades de Año Nuevo acompañados de sus familiares, la que fue revocada por la Procuraduría General de la República por los casos en que están implicados los favorecidos por la magistrada.

“Actué apegada a lo que dice la ley”, refirió este martes la jueza Rubio a su llegada al Palacio de Justicia de San Cristóbal, mientras que el Ministerio Público advirtió que esos internos revisten peligrosidad por los casos en los que estuvieron involucrados.

Entre los reclusos favorecidos están algunos que pertenecieron a los grupos del narcotraficante boricua José David Figueroa Agosto, del fenecido Rolando Florián Féliz, del caso de drogas en la comunidad de Paya, en el municipio Baní, en la provincia Peravia.

Rubio, sin embargo, insistió en que actué en el caso de esos condenados ajustada a la independencia del Poder Judicial.

“Sinceramente actué apegada a lo que dice la norma. El Poder Judicial emitirá un comunicado y hará los reportes de lugar”, manifestó.

Los beneficiados para participar en  encuentros familiares con permisos  por días feriados, dados de forma irregular por la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal  Katherine Rubio, son   Gian Enrique Rojas Matos y  Winston Antonio Rodríguez, condenados a 30 años de cárcel por pertenecer a la  red de sicariato de David Figueroa Agosto; Juan José Bautista, un miembro de la banda del extinto narco  Florián Félix, condenado a 30 años por el secuestro y asesinato de Víctor Augusto Féliz Mato, y   Andrés Tapia Balbuena condenado a 20 años de cárcel por el caso Paya.

También fueron beneficiados con esos permisos reos condenados por  homicidio, clonadores de tarjeta, robo, tráfico de drogas  y otros  casos.

Los permisos fueron revocados por la Procuraduría , mientras que la Suprema Corte de Justicia inició una investigación para determinar  si hay algún tipo de ilícito en las motivaciones para concederlos.