Juez de Suprema rechaza recurso interpuso Roberto Rodríguez, implicado en caso Odebrecht

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, declaró inadmisible un recurso de revisión interpuesto por el imputado en los sobornos de Odebrecht, Roberto Rodríguez Hernández, para que le fuera reducido el monto de la medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$20 millones que le fue impuesta por su vinculación a este caso. 

En su decisión el juez Ortega Polanco hizo constar que dicho recurso de revisión no procede por estar abierto el plazo para el recurso ordinario de apelación. 

El recurso de revisión fue interpuesto contra la Resolución No. 66/2017, emitida por dicho tribunal el pasado 11 de agosto, mediante la cual al imputado le fue variada una medida de coerción de prisión domiciliaria por la garantía económica de RD$20 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 

La decisión del juez Ortega Polanco de declarar inadmisible el recurso estuvo basada en la Constitución de la República, el Código Procesal Penal Dominicano, así como en la Ley No. 821 de Organización Judicial y la Resolución No. 1731-2005, de la Suprema Corte de Justicia, que establece el reglamento sobre medidas de coerción. 

Los abogados del imputado, Claudio Stephen Castillo, Francisco Campos Álvarez y Oliver Carreño, interpusieron el recurso alegando que su defendido no ha podido suscribir la póliza correspondiente, ya que no tiene la disponibilidad de efectivo o liquidez suficiente para pagar la prima equivalente para la cobertura de dicha garantía económica por tener sus cuentas bancarias congeladas, y que por ello tampoco califica para tomar un préstamo bancario para cubrir la misma. 

El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez Hernández, está implicado junto a otras trece personas, todas con medidas de coerción, en los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó para obtener contratos de obras en el país.