Procuraduría somete a nueve personas acusadas de incautación de armas ilegales en empresas de seguridad privada

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina de Atención Pemanente del Disrito Nacional conocerá el martes una solicitud de media de coerción contentiva en prisión preventiva contra nueve de las 80 personas que fueron arrestadas durante allanamientos de la Superintendencia de Seguridad Privada, del Ministerio de Defensa, en dos empresas de seguridad privada, en los que fueron incautadas 40 armas de fuego portadas ilegalmente.

La acusación de violación de la Ley de Armas pesa contra los detenidos Luis Rivera Portorreal, Ramón Bienvenido Figueroa, Diómedes Antonio Delgado García,  Luis Fernando Rivera López, Antero Sánchez Ramírez, Franklin Santana Salvador de la Paz, Víctor Santiago de la Rosa y Roberto del Rosario.

El Ministerio Público investiga a otras personas para determinar si tienen vinculación con la incautación de más de 40 armas y vehículos durante allanamientos en sucursales de la Compañía Guardianes Portorreal y Servicios de Seguridad RyP, propiedad de Rivera Portorreal, ubicadas en el Distrito Nacional, Santiago, Bávaro, Puerto Plata y Barahona.

Las series de las armas eran borradas para usarlas ilegalmente.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, informó que investiga a 80 personas que fueron arrestadas durante allanamientos realizados a una empresa de seguridad privada, con sede principal en el Distrito Nacional, por estar implicadas en delitos de violación a la nueva Ley de Armas 631-16.

 Armas confiscadas

Los allanamientos fueron realizados de manera simultánea en la compañía de seguridad privada Guardianes Portorreal, S.R.L. (GUAPOSA), ubicada en el sector Los Restauradores, del Distrito Nacional, así como en Santiago, Bávaro, Puerto Plata y Barahona, donde personal de la empresa prestaba servicios.

La institución indica en un comunicado de prensa, que en las próximas horas procederán con el sometimiento a la justicia de todos aquellos contra los cuales se pueda establecer que violaron la referida normativa.

Las labores estuvieron a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, la Fiscalía del Distrito Nacional, la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional.

La titular de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, Maura Martínez, dijo que junto a la Superintendencia de Armas y otras agencias del Estado, desarrollan un plan para tener mayor control del manejo de las armas por parte de las compañías de seguridad.

Expresó “que las labores se desarrollan a nivel nacional en cumplimiento a los lineamientos trazados por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para el estricto cumplimiento de la legislación nacional en materia de armas”.

De su lado, el director ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada, general de brigada ERD, Amílcar Fernández Tejada, destacó y agradeció el apoyo del Ministerio Público para mejorar el control y la supervisión de las empresas de seguridad.

Dijo que cuando planteó esta situación al procurador general, de inmediato dispuso el debido acompañamiento y participación de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, destacando que este esfuerzo conjunto seguirá dando buenos resultados.

Durante la operación también se incautaron 6 pistolas, 34 revólveres, 89 escopetas, varios vehículos, cuatro juegos de dados utilizados para alterar numeraciones, una prensa y una pulidora, además de varios pertrechos de armas de fuego.