Comité exige dar curso a querellas contra procurador general y Odebrecht

Consideró que la primera y más inmediata consecuencia del fallo emitido en el día de ayer por el juez Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, es que la Fiscalía del Distrito Nacional instruya el proceso en contra de Odebrecht y sus principales ejecutivos en el país por soborno y asociación de malhechores interpuesto por la organización.

Igualmente manifestó que el Consejo Superior del Ministerio Público debe designar a un procurador adjunto para que conozca la querella que interpuso en contra del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez por prevaricación, al obstruir con el acuerdo suscrito con Odebrecht, la persecución contra la megacorrupción de esta empresa, que confesó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener las obras que se le adjudicaron entre los años 2002 y 2014.

El colectivo recordó que el 9 de febrero pasado, depositó ambas querellas respectivamente ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República, amparado en el artículo 85 del Código Procesal Penal que establece que la victima o su representante legal puede constituirse como querellante y promover la acción penal.

“La sociedad dominicana, de la que formamos parte, ha sido víctima de la megacorrupción de Odebrecht que ha significado pérdidas millonarias a través del pago de sobornos y de sobrevaluaciones de obras durante los últimos doce años”, expuso.

Agregó que también el artículo 85 del Código Procesal Penal reconoce calidad a integrantes de la sociedad ante hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y en las violaciones de derechos humanos.

Calificó la decisión del juez Vargas sobre la solicitud de homologación del acuerdo entre el Procurador General de la República y Odebrecht, de correcta  y que asienta escuela y honra a la judicatura.

Indicó que la sentencia del juez Alejandro Vargas reconoce que las imputaciones a la empresa Odebrecht, son infracciones graves que involucran el ejercicio de la acción penal, por lo que la entidad entiende que éstas deben ser conocidas por la instancia que la ley establece.

“Somos querellantes y queremos que el tribunal competente conozca nuestra acusación de soborno y de asociación de malhechores y decida sobre nuestra petición de que condene a los principales ejecutivos de Odebrecht a diez años de prisión a cada uno de ellos y a los montos más alto de multa establecido por la ley de soborno, y que la empresa sea condenada al cierre definitivo como lo establece la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas”, explicó.

Igualmente, planteó que el procurador adjunto que apodere el Consejo Superior del Ministerio Público de la querella en contra del Procurador General de la República, debe presentar la acusación de prevaricación contra Jean Alain Rodríguez ante la Suprema Corte de Justicia.

Señaló que ante la pasividad del gobierno y de las autoridades judiciales, la sociedad civil ha tomado la iniciativa de iniciar procesos ante los tribunales de la República, “porque el pueblo dominicano demanda castigo contra los corruptos y que se ponga fin a la impunidad”.

“Ante el gobierno de Danilo Medina que protege y apaña a la Odebrecht y su megacorrupción, la sociedad civil tiene todo el derecho garantizado por la Constitución y las leyes para emprender acciones judiciales independientes contra estos delincuentes que han robado los recursos del pueblo dominicano”, aclaró.

Afirmó que los tribunales están en la obligación de conocer estas querellas y decidir sobre ellas, por tener la ciudadanía el derecho de presentarlas y esperar el dictamen de los tribunales.