Las mentiras de Amnistía Internacional/Autor: Franklin Puello

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional ha descubierto que República Dominicana es un nicho potencial para enfocar sus críticas y sus desafueros.

Constantemente los dominicanos observamos que este organismo arremete contra políticas y decisiones soberanas del país, lo que puede interpretarse como parte de un plan dirigido a una vulgar intromisión externa.

En un informe divulgado en París, Amnistía Internacional denuncia la penalización del aborto en casi todas las circunstancias en República Dominicana, además de que continúan las deportaciones y muchas personas siguen siendo “apátridas”.

Ambas formulaciones están descontextualizadas.

En cuanto a la penalización del aborto, es bueno que Amnistía Internacional tenga entendido y comprenda que República Dominicana tiene todo el derecho constitucional y soberano de decidir sobre si penaliza o no esta práctica, en las circunstancias que se presenten dentro de su propia realidad.

Es decir, que los dominicanos no podemos aceptar presiones desde el extranjero para trazar nuestro destino ni nuestro futuro, en el ámbito que sea.

Actualmente en el Congreso Nacional se discuten tres causales planteadas por el presidente Danilo Medina al observar el nuevo Código Procesal Penal, que tienen que ver cuando peligra la vida de la madre y del feto, en situaciones de malformaciones o cuando las mujeres son objeto de incesto o violaciones.

Existen, sin embargo, corrientes de opiniones y de posiciones entre sectores dentro del marco de las ideologías y las conceptualizaciones religiosas, sociales, económicas y políticas. Cualquier decisión, que lo sepa Amnistía Internacional, debe provenir de la misma entraña del pueblo dominicano y de su realidad, nunca de una imposición extranjera.

En torno a las deportaciones que denuncia en su informe de 2016 sobre los derechos humanos en el mundo, presentado en París, Amnistía Internacional vuelve a mentir sobre violaciones y maltratados a indocumentados, principalmente contra haitianos.

No es cierto que existan persecuciones ni repatriaciones de haitianos u otros indocumentados en el país. Mucho menos, que las autoridades dominicanas fomenten la apatridia; decir, que ciudadanos de República Dominicana son enviados ilegamente a Haití o se les niegan sus derechos constitucionales.

Además, en caso de materializarse las deportaciones que denuncia Amnistía Internacional, República Dominicana se ampara en todo su derecho para determinar cuáles ciudadanos puedan ingresar o permanecer en su territorio. Nada tiene de malo que se expulsen a las personas que se amparen en la ilegalidad.

Constituye otra mentira su denuncia de que 50 mil personas tuvieron que abandonar República Dominicana y retornar a Haití por “recibir amenazas o por temor a ser objeto de violencia”.

Ciertamente que el Gobierno del presidente Danilo Medina y los sectores sensatos del país deben repudiar este informe de Amnistía Internacional y denunciarlo en el plano que corresponda. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe instruir a las diferentes sedes diplomáticas en todo el mundo a emprender toda una campaña para desnudar el matiz negativo que ha develado este organismo contra República Dominicana.

Es inaceptable que nuestras autoridades permanezcan calladas ante las mentiras de Amnistía Internacional, lo que podría interpretarse como una aceptación simple o una sumisión de sus desafueros sobre alegadas violaciones de los derechos humanos o de que existen intimaciones inexistentes contra determinados ciudadanos.