SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para nadie es un secreto que los diferentes estamentos del Estado y del país, en su conjunto, adolecen de credibilidad.
Ejemplos existen múltiples para advertir que el país marcha por un clima de impunidad alarmante, con la complicidad de sectores de toda la índole, principalmente de la arena política.
El descrédito no sólo se percibe en el aparato judicial, sino también en la parte institucional.
Existen cuestionamientos válidos para el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, los partidos y también para los organismos fiscalizadores de las cuentas públicas.
Todas estas instancias han estado controladas por esferas partidarias, como el reparto de un botín.
De ahí se pueden citar los casos de la anterior Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, dos instituciones en las que ningún dominicano pudo confiar, por la composición inclinada hacia el control de partidos conocidos.
Los casos de los sobornos denunciados de la compra de ocho aviones Súper Tucano y de la constructora brasileña Odebrecht constituyen dos pruebas de fuego para el Estado y para todo el país.
Constituyen dos oportunidades para que las autoridades máximas exploren el mecanismo expedito para acabar con la falta de justicia caracterizada en la impunidad y la influencia de los partidos y otros estamentos que han diezmado la parte operativa de todo el aparato judicial.
El Poder Judicial, y como cabeza la Suprema Corte de Justicia, está totalmente cuestionado por decisiones ajenas a las expectativas de la población, ya que no puede exhibir como logro la condena de algún caso sonoro que involucre a funcionarios o ex funcionarios públicos que estén allegados a líderes de partidos que hayan sido enviados a la cárcel por corrupción u otro delito reñido con las leyes.
Al contrario, la Justicia se ha desacreditado así misma con sentencias inclinadas a intereses que lesionan la institucionalidad propia del país. Ejemplos existen muchos.
Los escándalos de Odebrecht y de los aviones Súper Tucano pueden facilitar a las autoridades la oportunidad de enfilar la mirada y las acciones para que las instituciones actúen dentro del marco constitucional.
“Caiga quien caiga” ha dicho el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, como advertencia ante las investigaciones en el caso de Odebrecht, en torno a la actuación del Ministerio Público, pero la ciudadanía observa temerosa de que las pesquisas se detengan cuando se aproximen a algún despacho de envergadura o figura intocable, quedando todo el esfuerzo encaminado en el manto del total olvido y sin explicaciones valederas para la sociedad.
Los dominicanos claman por sanciones drásticas contra todos los que lesionen las fibras del proceso institucional y del sistema democrático, anhelo viene desde hace años caracterizado en una extensa frustración y desencanto, además de la pérdida de fe en la anunciada prosperidad social y económica que se cacarea hasta el cansancio.
Es hora de detener la marcha y de reflexionar sobre el derrotero que lleva la sociedad. La Justicia, no importa contra quien, debe extender su brazo cuando se trate de aplicar la sanción que cada hecho delictivo amerite.
La impunidad corroe la institucionalidad, fomentando cada día más el germen de la corrupción.
Es tiempo de paralizar la marcha actual de la sociedad, porque podría ser demasiado tarde.
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