EDITORIAL (Santo Domingo).- En la pasada reforma fiscal impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso Nacional fue rechazada la pretensión de las autoriddades de establecer un impuesto a las compras por internet, que de acuerdo a las empresas de courier mueven entre 400 y 500 millones de pesos cada año. Es decir, que al paso de los años este sector se ha convertido en un ente importante en la economía dominicana.
Sin embargo, en los últimos días existe el debate sobre el “aviso” de la Dirección General de Aduanas en los medios de comunicación sobre el inicio del cobro de un impuesto a las compras por internet a partir del 15 de agosto.
Las empresas que podrían ser afectadas por el cobro del 18 por ciento del Impuesto a las Transferencias de Bienes INdustrializados y Servicios (Itbis) advierten que la medida de Aduanas violenta el decreto 402-05 emitido por el expresidente Leonel Fernández en el que excluye a esas operaciones de las tasas impositivas.
Además, abogados y otros sectores, incluyendo diputados y senadores, alertan sobre la violación de la Constitución de aplicarse el gravamen por parte de Aduanas, ya que sólo el Congreso está facultado a aprobar y obligar al cobro y pago de impuestos.
Debido a las divergencias y los enfrentamientos, lo más conveniente sería que las autoridades de Aduanas y los representantes de las empresas de despacho expreso de envíos o courier se reúnan y ponderen fórmulas que no afecten al sector, pero que también permitan que el Gobierno tenga cierto acceso a recursos frescos mediante el mecanismo de los tributos, sin que se violenten las reglamentaciones legales ni el normal desenvolvimiento de esas operaciones por internet.
La verdad que gravar las compras por internet sería un duro golpe para los clientes, quienes explotaron este mecanismo para adquirir mercancías más baratas y con garantías de los suplidores, porque ciertamente que en el país existe un conocido abuso en los precios de productos que son ofertados a mejores precios por empresas de Estados Unidos por las redes de internet.
Entonces, de aplicarse el impuesto que quiere Aduanas podría facilitar que el Gobierno disponga de fondos que actualmente carece, pero hay que pensar en la población que tiene rejuego con las compras por internet, por lo que el conflicto surgido debe dilucidarse en la mesa de las negociaciones y del diálogo.
Hay que buscar un equilibrio y apelar a la prudencia.
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