SANTO DOMINGO.- Por más de diez años reposan varios proyectos de Ley de Partidos en el Congreso Nacional. Se han escaminado miles de esfuerzos para que el país pueda tener una reglamentación clara para el accionar de los países.
Entonces, ¿qué ha pasado? Sencillamente que la voluntad política ha frenado todo intento y hasta sano deseo para que el Congreso Nacional pueda abocarse con total firmeza a aprobar la legislación electoral que venía a subsanar muchos de los males que han ocurrido en las filas de los partidos.
En ocasiones el Partido Revolucionario Dominicano fue el escollo para que esa Ley de Partidos durmiera el sueño eterno en el Congreso. Y ahora es responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana.
Y lo que ha ocurrido en los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Reformista Social y el más nuevo Revolucionario Moderno es la firme convicción de que el sistema de partidos ha colapsado y que la democracia marcha por el camino del derrotero.
Se ha puesto de manifiesto el transfuguismo en todas las esferas y las triquiñuelas entre los mismos partidos para impedir que determinados candidatos tengan el derecho a optar por cargos en los ayuntamientos y en el Congreso Nacional.
Cuando se ha puesto en entredicho la democracia de los partidos, evidenciado esto en el incumplimiento de la ley que obliga el 33 por ciento de la cuota femenina, nuevamente sale a relucir la necesidad de la aprobación de la Ley de Partidos.
El presidente Danilo Medina, sirviendo de anfitrión de delegados de la Comisión de la Internacional Social para América Latina y el Caribe reunida en el país por dos días, se expresó a favor de que el Congreso Nacional apruebe esta legislación después de las elecciones de mayo.
¿Quién o quiénes controlan las cámaras legislativas? ¿Por qué no se hizo antes para aplicarse en estos comicios de mayo?
Son preguntas que merecen respuestas del liderazgo político y así pudieron evitarse que muchos dirigentes de los partidos mayoritarios tuvieran que recoger sus maletas y mudarse a otras parcelas políticas en busca del derecho a aspirar al Congreso y las alcaldías que les fueron negados en sus propias organizaciones.
Además del daño infringido al sistema de partidos, totalmente cuestionado y desacreditado, ya que la Ley de Partidos vendría a fortalecer el accionar de obligaciones que ahora tiene la Junta Central Electoral para fiscalizar con mayor rigor y legalidad todo lo relativo a los partidos, desde el financiamiento otorgado por el Estado y recibido por otros sectores de la sociedad, como lo que tiene que ver con los procesos internos para la escogencia de sus autoridades y los candidatos, en cumplimiento siempre de lo que establece la Ley Electoral y hasta la Constitución de la República.
La irresponsabilidad y la miopía de nuestros políticos han impedido que la Ley de Partidos sea hoy una realidad, como forma de fortalecer la democracia y, más aún, el sistema institucional.
Los comentarios están cerrados.