Mirada del país hacia el Poder Judicial por escándalos de jueces

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  La mirada del país ha sido girada hacia el Poder Judicial luego del destape de supuestas irregularidades atribuidas a cinco jueces en funciones y otro renunciante, tras denunciarse que existía una alegada estructura que gestiona la libertad de acusados y condenados por narcotráfico, lavado de activos y otros delitos graves.

La acusación formulada por la Procuraduría General de la República ha obligado que el Consejo del Poder Judicial tuviera que suspender a los jueces  José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo; Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de la la provincia Santo Domingo; Awilda Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional;  y Delio Germán Figueroa, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Como alegado jefe de esa estructura se ha citado al exjuez y miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quien presuntamente era quien contactaba a los jueces suspendidos para que emitieran sentencias complacientes a los condenados de esos hechos graves.

La Procuraduría General mantienen bajo estricta investigación el desempeño de esos magistrados suspendidos, lo que fue agravado luego que la jueza Awilda Reyes dispusiera la libertad del regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos, quien está acusado de ser el presunto jefe de una banda de sicariato a la que el Ministerio Público atribuye el asesinato de cinco choferes del transporte de pasajeros.

Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, ha dejado abierta la posibilidad de que otros jueces puedan ser sometidos a investigación, en tanto que el Ministerio Público apelará todas las sentencias que emitieron los jueces suspendidos a favor también de los hermanos colombianos Huber y Ángel Buitrago, acusados de tráfico de drogas, que fueron favorecidos con la libertad dispuesta la semana pasada por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal.

“No es posible que actores que están llamados a luchar contra el crimen se me hagan cómplice del crimen”, precisó el procurador.

Mientras que la jueza titular de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, no esconde que ha suspensión de esos magistrados ha dejado un “mal sabor” en la judicatura nacional.

“Usted debe saber que dentro de un conglomerado, que se cuestione una parte de él con ese tipo de cosa tan grave, tiene que afectarnos a todos, no porque uno crea o no las acusaciones, sino porque este oficio debe tener como sustento la confianza de los justificiables”, agregó.

“Probablemente hay más personas involucradas y vamos a seguir en todo el proceso”, ha insistido el procurador Domínguez Brito.

En tanto que el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, considera que las acusaciones de Domínguez Brito contra los suspendidos jueces son las más graves hecha contra el Poder Judicial en las últimas décadas.