El Poder Ejecutivo apoderará al Congreso Nacional de modificación a Ley 1-24 sobre la Dirección de Inteligencia

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-.

El Poder Ejecutivo ha decidido introducir al Congreso Nacional una modificación de la Ley 1-24 sobre la creación del Departamento Nacional de Inteligencia, al considerar muchos sectores que esa legislación constituye una violación de derechos fundamentales.

La reforma de la ley será enviada a las cámaras legislativas después que se concluyan las consultas entre representantes del Gobierno y diferentes sectores, incluidos el Colegio Dominicano de Periodista y la Sociedad Dominicana de Diarios.

Después de las discusiones se elaborará un informe a cargo de dos abogados de la Sociedad de Diarios y otros dos del Poder Ejecutivo, que será discutido en la mesa de trabajo que fue activada a raíz de las críticas surgidas contra la promulgada ley.

El Gobierno está representado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del DNI, Luis Soto, por mandato del presidente Luis Abinader, quien se ha desvinculado de la aprobación de la ley por parte del Congreso Nacional.

Peralta reveló que el proyecto discutido y aprobado por el Congreso fue elaborado por Soto y su equipo del DNI, pero que fue revisado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

El Colegio de Periodistas y la Sociedad de Diarios han expresado sus preocupaciones, al alegar que la ley atenta el secreto profesional y la libertad de prensa.

El artículo 11 obliga a instituciones públicas y privadas, así como personas físicas, a entregar toda información que requiera la DNI y en caso contrario se puede emitir orden de prisión por hasta 18 meses.

Juristas afirmaron que la legislación tiene mucha ambigüedad en la redacción de los artículos 9 y 26, con un impacto negativo en la libertad de prensa, en el derecho a la privacidad y en el secreto profesional.

En el artículo 26 se establece que los periodistas que no revelen la información requerida por el director del DNI podrían enfrentar penas de dos años de prisión

Se considera muy grave que grave que la Ley 1-24 exija información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es una entidad pública que se encarga del análisis de información financiera con el objetivo de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.