SANTO DOMINGO.- Sabia puede calificarse la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de retirar el proyecto de ley de partidos políticos que fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, en medio de fuertes críticas de diferentes sectores y de presiones para que esta iniciativa sea sancionada por el Congreso Nacional.
Hay plena conciencia de que el país urge por una reglamentación que norme el accionar de las diferentes fuerzas políticas, principalmente en lo referente al financiamiento de las campañas y así evitar que dinero de dudosa procedencia pueda ser utilizado a favor de determinado candidato presidencial.
El problema radicó, entonces, en las quejas externadas por los partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno, así como organizaciones de la sociedad civil, de que el proyecto aprobado por los legisladores peledeístas no fue debidamente consensuado y habría sido un “traje” a la medida de esa entidad política, lo que desmeritara lo que pudiera ser una buena medida para el fortalecimiento de la vida institucional y democrática del país.
Una ley de partidos que se apruebe en el Congreso debe contar con un amplio consenso y venir de mayor consentimiento de los actores que participarán en las elecciones presidenciales, congresionales y municipales del 15 de mayo de 2016.
La ley de partidos no puede ser salcochada ni mucho menos beneficiar a determinada esfera política. El país debe ser ganancioso con una norma jurídico-política que ajuste el liderazgo de los partidos a las reglas que habrán devenir de su aprobación.
El punto de mayor conflicto parece ser el relativo al financiamiento de las campañas, ya que persigue que exista algún filtro jurídico que impida que gente de dudoso manejo financiero pueda aportar en beneficio de candidatos con oportunidades de llegar a la Presidencia, al Congreso y las alcaldías, como principales instancias del poder político.
Entonces, no hay dudas que fue prudente y muy inteligente la decisión de la cúpula del PLD de dejar sobre la mesa el proyecto de ley de partidos hasta tanto exista el ambiente apropiado y de consenso para materializar una pieza que tendrá serias repercusiones en la vida institucional y democrática del país.
El sentido común ha prevalecido para bien de la sociedad y del sistema político.
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