SANTO DOMINGO.- La sociedad dominicana no marcha por buen camino o, al menos, está cerca del derrotero.
No es imposible que personas que actúen en franca violación de las leyes y las normas morales puedan ser favorecidas por el Estado con prebendas y facilidades para que disfruten de los recursos propios de sus actividades delictivas.
Es penosa la noticia publicada por varios medios de comunicación de que el Poder Ejecutivo ha decidido poner en retiro a varios oficiales con el disfrute de pensiones y otras concesiones que se otorgan a los miembros de la Policía y los cuerpos armados que han ofrecido un loable servicio al país.
¿Qué ejemplo se da a los ciudadanos con esta decisión? Los favorecidos con la pensión fueron el coronel Carlos Fernández Valerio, el teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el mayor Ruddy José Japa Álvarez y el mayor Luciano Gómez Cabrera. En tanto que fueron cancelados sin ningún beneficio los agentes Bárbaro Gómez Cabrera, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro Almánzar González, el sargento mayor Antolín de los Santos Zabala y la raso Raidirys García Miranda.
Lamentablemente estos oficiales y agentes policiales tienen el deber de responder ante la Justicia por la acusación del supuesto robo de 950 kilos de cocaína que fueron decomisados en una residencia del ensanche Isabelita, y en ese escenario demostrar o no su culpabilidad o inocente, pero nunca se debió proceder a separarlos de la Policía con las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo.
La sociedad dominicana recibe mensajes desconcertantes que dan a entender que los principios morales y familiares no tienen ningún valor para la ascendencia social ni profesional.
Sencillamente se invita a la ciudadanía a delinquir para ganar nombradía y la atención pública.
Penosamente el retiro “forzoso” por antigüedad en el servicio a favor de esos oficiales y agentes implicados en el supuesto robo y posterior venta de la cocaína de la Dirección Nacional de Antinarcóticos (Dican) no ha sido la mejor decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.
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