Presidente Luis Abinader se muestra poco presionado sobre su decisión por la reelección

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-

El presidente Luis Abinader ha dejado entrever que no se siente presionado ni preocupado en torno a su decisión sobre si buscará o no otro periodo a partir de las elecciones del próximo año.

Esta postura la asume el Mandatario, a pesar de que las más recientes encuestas lo ubican con una alta valoración para, inclusive, ganar el venidero proceso en una primera vuelta de votaciones.

Su reacción manifestada este lunes en el Palacio Nacional así lo ponen relieve: “Hasta el diecisiete de agosto, tenemos el tiempo para informar cualquier decisión”. Ese día vence el plazo establecido por la Junta Central Electoral para que los partidos presenten sus candidatos presidenciales para la contienda de mayo de 2024.

Esa pasividad del Presidente viene cuando tiene el camino libre a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, que incluso introdujo modificación en sus estatutos para permitir que Abinader pueda buscar la reelección, ya que se prohibía en esa normativa de la organización.

Beneficia a Abinader que no se ha presentado ningún posible contrincante dentro del PRM, lucha que podría ocurrir para los comicios presidenciales de 2028, para los cuales ya han varios posibles aspirantes, entre ellos David Collado y Carolina Mejía, según las especulaciones.

Al hablar sobre el tema de la reelección, el Jefe del Estado advirtió que serían sancionados los funcionarios que se atrevan a utilizar los fondos públicos en la venidera campaña electoral.

Sobre fondos públicos

El presidente Luis Abinader garantizó este lunes la protección y el control de los fondos públicos en el proceso electoral en curso.

La información fue ofrecida durante rueda de prensa desde el Palacio Nacional, donde el mandatario reafirmó su compromiso ante la ciudadanía en la importancia que tiene para el fortalecimiento de la democracia dominicana superar la historia de gastos desbordados que por décadas han acompañado los procesos electorales.

El tema fue tratado por el Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Publico, reunido en sesión el pasado martes 31 de mayo, decidiendo comparecer en pleno ante la sociedad dominicana para recordar los marcos constitucionales, legales o normativos que nos obligan como ciudadanos a superar prácticas que fortaleciendo el sistema político no deben lesionar las finanzas públicas.

Al pronunciar las algunas palabras, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch dijo que la Constitución de la República en su artículo 39 establece el “derecho a la igualdad, por lo que ninguna persona puede ser discriminada por razones de pensamiento, militancia, práctica o elección de sus preferencias políticas”.

Igualmente, que la Carta Magna establece en el artículo 138 que “los principios fundamentales de la administración pública son claros al establecer los principios de igualdad y transparencia como criterios de especial trascendencia en el manejo de la cosa pública”.

En ese mismo orden, explican que la Ley 41-08 de Función Pública en el artículo 80 numeral 14 establece como prohibiciones: “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de terceros”.

Al igual que la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en su artículo 25, numeral 1 prohíbe: “realizar toda actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que consagran la constitución y las leyes”.

Mientras que en su numeral 9, prohíbe: “imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios”.

En razón a lo ante explicado esta gestión se caracteriza por el cumplimiento normativo que fortalece el manejo de los fondos públicos y el impulso a la cultura de transparencia.

“Sigue siendo profundo nuestro compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos investigando las posibles violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos con la debida diligencia y discreción. Y con convicción democrática defendiendo la aplicación de las normas aquí recordadas”, precisó Ortiz Bosch.

Durante la rueda de medidas disciplinarias dentro del marco de la Ley 41-08 de Función Pública, en consulta con el órgano rector, el Ministerio de Función Pública.

Estuvieron presentes, los ministros, de la Presidencia, Joel Santos; administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de la Mescyt, Franklin García Fermín; de Economía, Pável Isa; de administración Pública, Darío Castillo; de presupuesto, José Rijo Presbot; de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; de Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias y de Análisis Financiero, Carlos Castellano.

También el viceministro de Educación, Julio Cordero; el contralor, Félix Santana y el tesorero nacional, Luis Delgado.