Autoridades acusan exministros y exfuncionarios de estafar al Estado por 19 mil millones de pesos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de la presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina son implicados por el Ministerio Público de ser parte de un grupo que habría estafado al Estado por más de 19 mil millones de pesos.

Estos exfuncionarios fueron arrestados juntos a otros imputados en la denominada operación  Calamar, con la participación de 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo. 

Además de Guerrero, Peralta y Gonzalo Castillo fueron detenidos  el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

Los detenidos están acusados de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros”.

Las operaciones que se atribuyen al grupo habrían sido cometidos mediante una red mafiosa que estafó al Estado con unos 19,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos. 

En esa red, las autoridades involucran a empresarios y varios exfuncionarios, según consta en el expediente depositado ante

la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Se precisa que “bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.

Son imputados de la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.

De acuerdo a la Pepca, que soporta su investigación en un informe de la Contraloría General de la República, hubo los libramientos de pagos.

El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos de los pagos, por entender que no se tramitó legalmente. 

Entre los beneficiarios de los pagos que se libraron se citan firmas de abogados y empresas, algunas de las cuales tienen registro de incorporación en el año 2020,

El exministro de Hacienda es investigado por asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, que fueron expuestos por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, en un escrito de reconsideración que remitió a su superiora, la procuradora Miriam Germán Brito.