SANTO DOMINGO.- La sociedad dominicana urge por un nuevo replanteo en el cumplimiento de las leyes y de la responsabilidad de sus autoridades.
No es posible que aún prevalezca la impunidad a favor de determinados sectores amparados bajo la influencia del poder político y la misma jurisdicción de la Justicia.
No es posible que la ley sólo sea aplicada en perjuicio de los sectores marginados, cuando hay casos sonoros en las altas instancias que obligan a sanciones drásticas.
Los casos del senador Félix Bautista y de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, han debido conmocionar a la sociedad.
El Ministerio Público ha sostenido serias acusaciones contra esos dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (el primero es secretario de Organización y el segundo es el de Finanzas) sobre supuestos actos de corrupción durante el pasado gobierno del expresidente Leonel Fernández.
En el ánimo de todos los dominicanos prevalece la percepción de que la audiencia que sigue el juez especial de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, contra el senador Félix Bautista no es más que un teatro de mal gusto y que el legislador saldrá absuelto de las acusaciones de alegada corrupción que le atribuye el Ministerio Público.
Sin embargo, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, estima que el expediente contra el senador por la provincia San Juan constituye el caso más grave de corrupción que registra la historia del país.
“El Ministerio Público ha jugado su rol de investigación dando al traste con un expediente acusatorio fuerte, bien instrumentado, bajo el cumplimiento del debido proceso, por lo que corresponde a los imputados, demostrar de dónde salió el dinero, cómo se adquirieron todos los bienes que hemos presentado bajo certificaciones de los organismos competentes, cosa que hasta ahora no ha sucedido”, dijo Domínguez Brito.
Este funcionario ha tenido una seria preocupación por la impunidad, por esta razón ha precisado que compete al Poder Judicial poner de manifiesto “la voluntad suficiente para emprender una serie y verdadera lucha contra la corrupción”.
Ya la Conferencia del Episcopado Dominicano, en su mensaje con motivo del Día de la Independencia, el próximo 27 de Febrero, ha advertido sobre el nivel de la corrupción, la impunidad, de la delincuencia y el sicariato, además de las debilidades institucionales que adolece el país.
Entonces, es válido advertir que la sociedad dominicana urge por una reingeniería moral, política, ética e institucional para la correcta aplicación de las leyes y la Constitución, al margen del sistema de privilegios que se ha instaurado bajo la influencia de un sistema político corrompido y seriamente afectado por la deshonestidad del liderazgo.
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