DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El país viene de una larga lucha democrática. Desde los primeros intentos de su fundación. Desde la trinchera del dolor y el sufrimiento por el oprobio.
A pesar de las debilidades institucionales, los dominicanos hemos aprendido a vivir en valores democráticos, con fallas y falencias, pero siempre con aires de apertura y normas jurídicas.
La experiencia durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujilo es un episodio superado y dejado en el pasado.
Hay que fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático por el cual caminamos con pasos firmes y decisiones coherentes.
La libertad de expresión y de prensa es un valor propio de la democracia. Es permitir, que dentro del marco jurídico, los ciudadanos puedan canalizar sus inquietudes e ideas, con las consecuencias estipuladas en las leyes.
La difamación o la ofensa están contempladas en los cánones legales con sus penalidades, cuando así las circunstancias lo ameritan.
Es inexplicable que en medio de la incertidumbre y de las preocupaciones por una posible crisis alimentaria global, en el país se pierda el tiempo en la discusión de proyectos sometidos al Congreso Nacional que solo buscan cercenar logros democráticos.
No se puede permitir que nadie en su sano juicio o con perversas intenciones quiera coartar la libertad de expresión y de prensa, ya que los medios de comunicación han contribuido al fortalecimiento de la democracia y han servido como garantes de los derechos humanos en todo el mundo.
Esos proyectos depositados en el Congreso son desafueros propios de la borrachera del poder que se observa en ciertas esferas del Gobierno.
No se puede limitar el accionar responsable y profesional de los medios de comunicación ante los desvíos corruptos y antidemocráticos de muchas autoridades que se resisten a ser develadas ante errores que pudieran cometer al margen de las leyes y de la prudencia.
Los medios de comunicación han fungido como entes de equilibrio y de contrapeso en la democracia. Claro, cuando el periodismo se asume con responsabilidad profesional y compromiso cívico, nunca bajo el yugo de la corrupción y de la venta de conciencia que tanto daño ha causado al ejercicio de la comunicación.
Lo correcto sería que esos proyectos contra la libertad de expresión y de prensa sean retirados con urgencia en las esferas del Congreso Nacional y abrirse un diálogo amplio y en procura del consenso para canalizar una legislación que contribuya a fortalecer el rol de la comunicación y del periodismo como ente indispensable para la consolidación de la democracia y de la institucionalidad.
Es cuestionable que sectores internos del Partido Revolucionario Moderno estimulen acciones antidemocráticas, que solo servirían a limitar el marco de responsabilidades de la prensa y del periodismo, abriendo el camino a la censura y coartar la libertad de expresión.
Es lamentable creer que desde el PRM se patrocinen proyectos contra valores democráticos.
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