DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Ha sido develado el afán del Gobierno y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de insistir en una reforma de la Constitución, pese una anunciada objeción o rechazo de los partidos de la oposición.
Esta diferencia en cuanto al tema constitucional ha obstaculizado el diálogo en el Consejo Económico y Social.
Además, sería inapropiado y hasta provocativo que el Gobierno materialice un debate en ese consejo con la participación exclusiva de representantes de la sociedad civil y académicos.
La participación de los partidos de oposición sirve para validar un consenso amplio y creíble, que vendría a viabilizar la correcta aprobación de cualquier modificación de la Carta Magna cuando se convoque y se instale la Asamblea Nacional.
En la propuesta presentada por el Gobierno se plantea la reunificación de las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales, procesos que se celebran con una diferencia de tres meses.
Se alega, como validez, que el país no puede incurrir en comicios separados por el alto gasto que implica en cuanto a la inversión de recursos y en la parte humana, facilitando así todo el montaje y la logística para la Junta Central Electoral.
Desde el punto de vista de la oposición, en ese proyecto gubernamental se esconde un trasfondo político.
Los adversarios del Gobierno y del PRM argumenta que el real interés detrás de la reforma constitucional sería reducir el porcentaje del 50+1 para que el hoy presidente Luis Abinader pueda tener la posibilidad para imponerse en una reelección para el proceso de 2024.
De ahí que los partidos opositores se cobijan en el pretexto de que no existen razones contundentes para que la Constitución sea que ser tocada sin una coyuntura de crisis política e institucional.
Se exige, en lugar de esa reforma coyuntural que quiere el Gobierno, que el Congreso trabaje en la aprobación de leyes colaterales que ayudarían a robustecer la estructura jurídica de la Carta Magna, además de que se establezca un candado que impida que surjan planteamientos de cambios en ese estamento solo por cuestiones fuera del interés colectivo y no por intereses políticos.
Se espera que la prudencia impere tanto en el Gobierno, en el PRM y en los partidos de oposición para que la Constitución no sea modificada como un traje a la medida de sectores exclusivos y al margen de la colectividad.
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