Participación Ciudadana afirma 2021 es el año del fin de la corrupción y la impunidad

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional presentó el balance del año 2021, a través del cual señaló que el 2021 será un año para recordar. Primero, por ser el segundo año de lucha contra la pandemia del COVID-19, la cual ha estremecido al mundo y a nuestro país; y segundo, ya que después de cuatro periodos consecutivos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) este es el primer año completo del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya principal contribución hasta ahora es el logro de un Ministerio Público independiente.

El balance del año presentado, a través de rueda prensa por la organización de la sociedad civil subraya, además que en la lucha contra la pandemia el gobierno ha realizado un arduo y efectivo trabajo de prevención, con un amplio y oportuno programa de vacunación y educación ciudadana, así como también en los servicios hospitalarios, que, a pesar de contar con un servicio de salud deficiente, lograron atender adecuadamente a las personas afectadas por la enfermedad, por otro lado, se continuó con el programa de ayudas sociales.

“El año transcurrió entre numerosas expectativas de cambios prometidos por el nuevo gobierno, abundancia de concertaciones, anuncios de reducción de gastos y diversas disposiciones presidenciales cuyos frutos están todavía por expresarse y consolidarse. Catorce importantes reformas fueron anunciadas, y están en proceso de diseño y estudio en el ámbito del Consejo Económico y Social (CES).  Se puede afirmar que la figura del presidente y algunos miembros de su gabinete han logrado imprimir a este primer año un sello de apertura democrática”, destacaron.

Contenido de la declaración de Participación Ciudadana:

La lucha contra la corrupción y la impunidad

El enorme esfuerzo en la lucha contra la corrupción desplegado por el Ministerio Público fue el principal aspecto positivo durante todo el año 2021.

La medida adoptada el primer día del actual gobierno de designar a la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, a Yeni Berenice Reynoso al frente de la Dirección General de Persecución y a Wilson Camacho, magistrados/as en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha dotado al país de un equipo de personas apartidistas, independientes, laboriosas y capacitadas que con sus acciones han dejado claro que la corrupción pública será perseguida sin distinción de colores partidarios. 

La labor del ministerio público durante 2021 ha permitido demostrar que los fiscales pueden trabajar con independencia, incluyendo casos de funcionarios activos, como los cinco expedientes de enorme proporción y relevancia que se han presentado este año:

1. La “Operación Antipulpo” con once imputados, encabezados por Alexis Medina, hermano del ex presidente de la República Danilo Medina, la cual involucra fondos por más de cuatro mil millones de pesos.

2. “Operaciones Coral y Coral 5 G”, que involucran por lo menos a cuatro generales, entre ellos los dos principales responsables de la seguridad del ex presidente Danilo Medina, acompañados por al menos siete coroneles y otros militares, sobre todo de la Fuerza Aérea Dominicana. El caso involucra miles de millones de pesos.

3. La “Operación Medusa”, cuyo principal imputado y preso es el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a varios funcionarios que lo acompañaron en su gestión, acusados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

4. La “Operación Falcon”, la cual involucra a 23 imputados, incluyendo varios militares de alto rango acusados de crear una extensa red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que manejó millones de dólares y traficó miles de kilos de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

5. La “Operación 13”, encabezada por el imputado Luis Maisichell Dicent, quien era administrador de la Lotería Nacional designado por el actual gobierno. Fue destituido y sometido a la justicia, acusado de un fraude en al menos un sorteo, por un monto superior a los 500 millones de pesos.

Corrupción y malas prácticas en el presente año

La labor del Ministerio Público durante 2021 ha permitido demostrar que los fiscales pueden trabajar con independencia, incluyendo casos de funcionarios y funcionarias activos como los que se han presentado este año.

A pesar de las promesas, las advertencias y el compromiso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción en este año varios funcionarios y funcionarias de su gobierno han sido acusados de manejo incorrecto y corrupción en la función pública. Algunos casos están en manos del Ministerio Público para ser investigados como son los casos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), caso de la Lotería Nacional y caso del Ministerio de la Juventud. Es importante consignar que el presidente Luis Abinader ha actuado de manera correcta en estos casos, suspendiendo o destituyendo a los funcionarios, pero también estos deben ser debidamente investigados por el PEPCA. La destitución o suspensión no es un paliativo. Los casos más destacados son:

1. Kimberly Taveras, ministra de la juventud. Suspendida y obligada a renunciar por la opinión pública, investigada luego de que no pudo demostrar su patrimonio por RD$106 millones de pesos.

2. Cecilio Rodríguez, director del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), fue destituido luego de ser acusado de otorgar cerca de 11,000 mil millones de pesos a 1,260 empresas sin licitación, sin estatus jurídico y sin estar registradas como proveedoras del Estado.

3. Adam Peguero, director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM). Fue destituido luego de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y la Contraloría General, remitieran al presidente Abinader un expediente sobre la adjudicación de un contrato sin concurso a la empresa M Cargo.

4. Víctor Miguel Polanco Severino, Viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía. Destituido luego de ser acusado de venta ilegal de armas.

5. Miguel Mateo Familia, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública. Destituido luego de ser acusado de dar continuidad al negocio de venta de nombramientos que desde hace décadas se viene denunciando en ese Ministerio.

6. Tony Peña Guaba, coordinador de los Programas Sociales de la Presidencia. Fue duramente criticado por entregar, a su discreción, 100 millones de pesos en diciembre del 2020 a 67 directores de orquestas, músicos y cantantes.

7. Plutarco Arias, ministro de salud. Destituido luego de que se denunciara la compra de jeringuillas con una sobrevaloración de 400%. El Estado las iba a comprar a RD$25.00 cuando en el mercado estaban a RD$4.70.

8. Julio Antonio de la Cruz Nolasco, director general de Embellecimiento de Carreteras. Fue sustituido luego de que se denunciaran graves irregularidades.

9. Feyla Rodríguez Pavón, gerente de Portuaria, más cinco empleados, están bajo investigación por fraude en transacciones en el muelle de Puerto Plata.

10. Antonio Gómez Díaz, director de Aduanas en Santiago, quien fue destituido por violencia de género y acoso sexual.

11. La “Operación Caracol”, investigación en curso en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), involucra al anterior presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en diferentes tipos de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

12. Juan Maldonado Castro, director general de Comunidad Digna, quien fue destituido tras ser implicado en el lavado de activos provenientes del narcotráfico.

13. Cancelación de Luz del Alba Jiménez, ministra de la juventud, luego de iniciar una investigación a cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y Contraloría General sobre un concurso para comprar equipos en ese ministerio.

14. Cancelación del Cónsul en Juana Méndez, José Altagracia Valenzuela, tras ser acusado de venta de visas.

La Cámara de Cuentas comienza a contar

Uno de los acontecimientos positivos del 2021 fue la designación de una Cámara de Cuentas integrada por personas independientes, y con un excelente historial profesional y personal. El país se regocijó ante la esperanza de que terminen décadas de inutilidad, encubrimiento y complicidad por parte de un organismo llamado a contralor y fiscalizar los recursos públicos. La esperanza nacional ha comenzado a concretizarse en las auditorias que involucran manejos fraudulentos, y violaciones a las leyes que superan con mucho los rumores y advertencias de corrupción que desde hace años se denunciaban en el país. En las últimas semanas se han dado a conocer informes de auditorías que comprometen a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Ministerio de Salud Pública, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDESTE), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Policía Nacional, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), entre otros.