Una gerente de sucursal del Banco de Reservas imputada en operaciones financieras en el caso Coral 5G
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El 90 por ciento de las operaciones financieras atribuidas por el Ministerio Público como parte del entramado de corrupción de la red de los casos Coral y Coral 5G se realizaba en una sucursal del Banco de Reservas ubicada en la avenida Venezuela, en el municipio Santo Domingo Este, cuya gerente general Esmeralda Ortega Polanco es vinculada entre los imputados en esas irregularidades.
En el expediente mediante el cual la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se indica que mediante la intervención de la gerente general y la sucursal del banco se pudo evitar las alertas de Reportes de Transacciones Sospechosos en el Sistema Financiero Dominicano.
En el documento se precisa que la sucursal del Banco de Reservas es la 550 se encuentra en la estación de combustible Texaco, en cuyo lugar se evitaran los controles del sistema financiero, “evidenciándose en que, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de transacciones sospechosas y escasos reportes de transacciones en efectivo”.
La acusada Ortega Polanco –de acuerdo al expediente- fungía como una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los acusados en el caso Coral y que guarda prisión en la cárcel de Najayo.
Las autoridades indicaron que ejecutiva financiera también daba instrucciones en su nombre, hacía transferencias a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos, lo que –se precisa en la acusación- constituye un robo de identidad”, además de que la imputada preparaba préstamos a nombre de terceros a pesar de que sabía que eran para el coronel Núñez de Aza.
Para este domingo está previsto que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción contra el general Juan Carlos Torres Robiou, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y exjefe del Cuerpo Especializa de Seguridad Turística (CESTUR), identificado con el “codinome D1”, los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada dominicana (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, identificado con el codinome “El ayudante”, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, y Miguel Ventura Pichardo FARD, bajo el codinome CT-2.
También involucra a los tenientes coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, de la Fuerza Aérea (FARD), y Kelman Santana Martínez, el Ejército dominicano (ERD)
Asimismo, al mayor de la Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón, a la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, bajo el codinome JR, a César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco, quien era identificada con el codinome 550.
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