SANTO DOMINGO.- Nuevamente vuelve al debate nacional la necesidad de la aprobación de un marco jurídico que regule el accionar de los partidos políticos.
Al paso de los años las fuerzas políticas funcionan más como negocios particulares de quienes detentan el poder y los cargos, que en conglomerados con ideología y principios para lograr el bienestar colectivo.
Por tanto es válida la preocupación externada por el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de que el Congreso Nacional se aboque a discutir y aprobar el anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, ya que su discusión e intención de materializar data desde hace más de quince años.
Sin embargo, no hay secretos de que la voluntad política ha impedido y dificultado que el país cuente con las reglamentaciones legales para que la Junta tenga una norma que le permita fiscalizar a los partidos como forma de fortalecer su democracia interna y así también el sistema institucional del país.
En el Congreso Nacional y en la clase política nacional han prevalecido la dejadez y la irresponsabilidad frente al anteproyecto de la Ley de Partidos Políticos.
Ciertamente que esta legislación vendría a contribuir a transparentar más el excesivo poder que acumulan las estructuras de los partidos políticos y también daría paso a que la democracia sea más sólida en cuanto al ejercicio de las fuerzas que aspiran a detentar el poder para impulsar transformaciones económicas, sociales e institucionales.
Esta preocupación de Roberto Rosario y de la JCE sobre el anteproyecto de Ley de Partidos debe ser respaldada por los sectores sensatos que aún sueñan con la verdadera institucionalidad de la República Dominicana.
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