DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Hasta enero pasado, Leonardo Faña fue (y aún lo es) una persona pública y político de reconocida solvencia moral y profesional.
Se destacó en las luchas por el desarrollo del sector productivo, un renglón al que ha dedicado toda su vida.
Desde agosto hasta enero fue el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), pero una denuncia sin fundamento fue el hecho aprovechado desde el Palacio Nacional para separarlo del cargo y que comenzara un viacrucis en defensa de su honor y su buen nombre.
Una exgerente financiera de esa institución, María Isabel Flores Encarnación, hizo una denuncia sobre ser víctima de una supuesta agresión sexual de la que nunca hubo pruebas ni tampoco fundamentos legales.
Pero contra Faña se dictaron dos meses de prisión preventiva como medida de coerción, pero siempre tuvo en pie de lucha hasta que un tribunal lo beneficia con libertad mediante presentación periódica, una garantía económica e impedimento de salida.
La lucha fue intensa hasta que este viernes el juez del Juzgado de Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco, dispuso su descargo por no presentarse pruebas contundentes por parte del Ministerio Público para que fuera enviado a juicio de fondo.
La Justicia ha actuado apegada a las expectativas de la población, ya que no solo la familia de Faña tenía la certeza de que era inocente, sino también sectores que han seguido la trayectoria del también dirigente del Partido Revolucionario Moderno.
Faña ha visto limpiarse su nombre, ¿pero ahora qué pudiera ocurrir con la exempleada que hizo la difamación y la calumnia en su contra? ¿Por qué la Justicia no actúa de acuerdo a la magnitud de la denuncia?
Lamentablemente, en el país se actúa a ojos cerrados cuando se trata de denuncias sobre violencia o agresión sexual sin las autoridades judiciales y policiales preocuparse en verificar correctamente los hechos y determinar las causas que pudieran estar detrás de esas imputaciones, con lo que se evitaría manchar la honra de quienes son acusados y dolores mayores a sus familiares, como ha ocurrido con el caso de Faña.
La Justica ha comprobado la inocencia de Faña, pero la mancha se queda en la mente de ciudadanos que lo juzgaron y dudaron de su inocencia, al obviarse su trayectoria pública y sus méritos profesionales.
Faña es uno de los miles de casos que se viven en el país. Hay que buscar la forma de evitar los daños que sufrieron aquellos que son acusados de manera inocente.
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