DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Ya fue conformada la comisión bicameral que estudiará el proyecto de modificación del Código Penal.
El compromiso asumido por los diputados y senadores debe ser cumplido de acuerdo a las expectativas del país y nunca ajustado a complacer intereses de ningún sector, no importa la influencia que e ejerza.
El péndulo del debate se mueve en torno a los promotores de la despenalización del aborto para permitir la interrupción del embarazo cuando haya incesto o violación sexual, malformación del feto y peligre la vida de la mujer. También hay los defensores de la preservación de la vida de la mujer y de su hijo, tras la visión de hay derecho a la vida desde la misma concepción.
Sin embargo, hay congresistas y otros sectores que simpatizan con la ola global para que el aborto sea una realidad sin importar los valores cristianos que caracterizan al pueblo dominicano.
Nuestro marco legal, que es la Constitución de la República, obliga a preservar la vida desde la concepción hasta la muerte, por lo que es un elemento jurídico que habrá que preservarse en medio de la discusión y posible aprobación del Código Penal.
De ahí que hay legisladores que han propuesto que se discuta y se promueva una ley especial que regule lo relativo al aborto y las causales del incesto y violación sexual, la malformación del feto y cuando peligre la vida de la madre.
Lo prudente es que el Congreso Nacional, representado en la comisión bicameral integrada por el Senado y la Cámara de Diputados, consulte a especialistas capacitados y que no traten de imponer patrones foráneos que pisotean las creencias religiosos y desconocen nuestro marco jurídico sobre este tema.
Lo real es que el país se merece la aprobación del Código Penal que establece sanciones en diferentes delitos y su puesta en ejecución no puede estar supeditada a las presiones a favor y en contra que se han desatado los temas del aborto y de las tres causales.
Hay que esperar la efectividad del trabajo de esa comisión bicameral sobre el proyecto de modificación del Código Penal.
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