DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- En respuesta a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre quejas de empresas de ese país sobre la existencia de corrupción que afecta las inversiones extranjeras, el presidente Luis Abinader aseguró que en su Gobierno no tolera ese tipo de irregularidad en la administración pública.
“Estamos vigilantes cada día para que los fondos que pagan cada ciudadano se inviertan de la manera correcta para solucionar los problemas de la gente y mejorar su calidad de vida”, refirió.
En respuesta a ese informe del Gobierno de Estados Unidos, dijo que su administración trabaja en la puesta en marcha de los mecanismos de transparencia, por lo que espera que el Congreso apruebe en los próximos días la Ley de Extinción de Dominio, lo que permitirá que el Estado pueda recuperar los fondos robados.
También manifestó que el Gobierno trabaja en la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas dentro de las medidas para combatir la corrupción.
Abinader manifestó que “hemos aumentado en más de un 7 por ciento el servicio eléctrico en todo el país y disminuido el déficit. En los próximos días los abogados eliminarán la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales”.
El Gobierno de Estados Unidos revela en su informe sobre el clima de inversiones en República Dominicana las quejas de empresarios de su país sobre las trabas y las medidas que deben tomar para garantizar el cumplimiento sobre la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero.
En el informe del Departamento de Estado se indica que “los inversionistas extranjeros reportan numerosos problemas sistémicos en República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas por las cuales competir y la falta de aplicación de las reglas existentes”.
Entre las quejas de los empresarios estadounidenses mencionadas por el Departamento de Estado se incluyen acusaciones de corrupción generalizadas, solicitudes de sobornos, retrasos en los pago del Gobierno, escasa aplicación de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local, y procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones.
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