Gobierno de Nicaragua apresa a otros cuatro opositores y ahora llegan a doce

MANAGUA, Nicaragua.- El régimen del presidente Daniel Ortega ha continuado con la encarcelación de dirigentes de partidos de oposición y ahora llegan a doce las detenciones realizadas por la Policía en diferentes operativos, lo que se atribuye a acciones propias de la dictadura que supuestamente impera en este país de cara a las elecciones presidenciales de noviembre venidero.

Las últimas detenciones se produjeron este domingo en perjuicio de la exguerrillera, historiadora y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (actualmente partido Unamos), Dora María Téllez Argüello; de la presidenta del partido, Suyen Barahona; a Ana Margarita Vigil Gurdián, activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y al general en retiro Hugo Torres Jiménez, militante del Movimiento Renovador Sandinista.

Los cuatro son acusados por el Gobierno de Ortega de ser investigados de acuerdo a la Ley 1055 sobre Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

En las últimas semanas habían sido arrestados los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Cristina Chamorro, además de los dirigentes opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Pallais, Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas.

Los opositores son acusados también de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras contra el país y sus instituciones, demanda, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación.

La primera detenida fue la precandidata presidencial Cristina Chamorro el pasado 2 de junio bajo la acusación de lavado de activos.

Las acciones contra la oposición del Gobierno de Ortega han sido rechazadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.