Una mujer estafó entidades financieras por RD$265 millones y fue enviada a prisión

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-  Una mujer cometió estafa contra ahorrantes de tres entidades financieras por un monto de RD$265 millones que operaban bajo su difrección y fue enviada a prisión preventiva por un año como medida de coerción.

Aida Ramos de Hernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najajo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, por la Oficina Judicial de Servicios Permanentes del Distrito Nacional.

El sometimiento de la mujer se produjo en base a evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, al igual que la acusación de asociación de malhechores, de acuerdo a lo explicado por la titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Distrito Nacional, fiscal Karina Concepción Medina.

Según las autoridades judiciales, los hechos que le imputan a Ramos de Hernández fueron cometidos en los últimos 17 años.

En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos. 

La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.

El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros  accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyos objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

A través del esquema societario, Ramos de Hernández junto con otros accionistas además utilizó esas sociedades  para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento. 

Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia. 

A raíz de las diligencias del Ministerio Público es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol. 

La magistrada Concepción Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, presentó diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.

Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los artículos 148, 265, 266, 405 del Código Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mientras Ramos de Hernández cumple la prisión preventiva, el Ministerio Público continúa ampliando la investigación de este caso de delitos financieros.