Adán Cáceres y otros imputados de caso Coral fueron llevados la madrugada de este miércoles a la cárcel de Najayo

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán, así como otras tres personas que acusan de un entramado de corrupción por más de 3 mil millones de pesos en perjuicio del Estado, fueron trasladados la madrugada de este miércoles a la cárcel de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

El traslado se produjo a las 5:40 de la mañana para que cumplan la medida de coerción de prisión preventiva por 18 años.

La noche de este martes hubo la especulación de que Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, Tanner Antonio Flete Guzmán y el cabo Alejandro José Montero Cruz serían llevados al centro de reclusión enviados por Kenya Romero, jueza de la Oficina de Instrucción Permanente del Distrito Nacional.

Mientras que el mayor Raúl Girón Jiménez estará bajo protección del Ministerio Público en una residencia clasificada por las revelaciones que hizo en torno al entramado de corrupción denominado Operación Coral, que habría sido cometida desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Contra los imputados de Operación Coral fue tramitado un expediente con las acusaciones de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, coalición de funcionarios, lavado de activos, estafa contra el Estado y porte y tenencia de armas de fuego.

El traslado de los acusados a la cárcel de Najayo se producirá después que la secretaria de la Oficina Permanente de Atención Permanente del Distrito Nacional notificará al Ministerio Público sobre el fallo de la jueza Romero. Este requisito fue cumplido por la secretaria a las 6:37 de la tarde de este martes, lo que de inmediato hizo activar la posibilidad de que iban ser llevados esos centros.

Apelación de Portes

Mientras que el abogado Félix Portes, defensor del coronel Núñez de Aza, ha anunciado que apelará su envío a la cárcel de Najayo por el caso Coral.

Los afectados con la medida de coerción tienen un plazo de 20 días establecido en el Código Procesal para instrumentar cualquier demanda de apelación.

“Después de la lectura de la resolución, advertimos una grosera ausencia de motivación con relación a la pobre y frágil cintilla de pruebas según teoría del Ministerio Público, documentos y presupuestos de la defensa, falta de individualización y de estatuir, por lo que apelaremos”, indicó el jurista.