El país conoce este lunes fallo de jueza sobre coerción a imputados en Operación Coral

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Será a las once de la mañana de este lunes que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, emitirá el fallo sobre si enviará o no al mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y otros tres imputados en el supuesto entramado de corrupción denominado Operación Corrupción, presuntamente por un monto de 3 mil millones de pesos en perjuicio del Estado.

La expectativa del país está en el posible fallo de la magistrada, principalmente después de las revelaciones que hizo el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez contra Cáceres Silvestre, la pastora Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza.

En el expediente también está incluido por el Ministerio Público el hijo de la evangélica Guzmán, Tanner Antonio Flete Guzmán, quien es miembro de la Policía Nacional.

El Ministerio Público, representado por los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, ha pedido 18 meses de prisión contra el grupo que acusan de supuestamente haberse apropiado de dinero de las nómimas de los cuerpos Especializado de Turismo y de la Seguridad Presidencial durante el Gobierno del expresidente Danilo Medina.

En medio de las expectativas que reina en el país sobre la jueza Kenya Romero, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), Wilson Camacho, ha manifestado que cuentan con las pruebas para que los imputados sean enviados a la cárcel, además de que siguen con la incautación de bienes millonarios que se atribuyen a los acusados.

“Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, ha indicado  Camacho.

En el expediente instrumentado por la Procuraduría General de la República se acusa al grupo sobre asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos por actos de corrupción, además de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.