Fiscalía recurrirá cambio de medida de coerción que favorece a acusado de homicidio en Salcedo

HERMANAS MIRABAL, República Dominicana.- La Fiscalía de la provincia Hermanas Mirabal informó que recurrirá en apelación la decisión de una jueza de esta jurisdicción que varió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por una garantía económica a un hombre acusado de homicidio y porte ilegal de un arma.

El Ministerio Público entiende desproporcional con la gravedad del delito la decisión de la magistrada Felicia Núñez, jueza interina del Juzgado de Instrucción de esta provincia, de imponer al imputado José Amaurys García García una garantía económica de cuatro millones de pesos, a través de una compañía aseguradora.

La decisión judicial se apoya en el argumento de que la prisión preventiva del encartado había vencido, lo que, de acuerdo con la postura del Ministerio Público, se debe a la presión y los recursos dilatorios que introdujo la defensa técnica para retardar el proceso en sus diferentes momentos, procurando con ello evadir el peso de la justicia sobre los hechos atribuidos.

Destaca que la Constitución Dominicana en su artículo 40, numeral 9, establece que las medidas de coerción deben ser proporcionales al peligro que tratan de resguardar, por lo que considera que la decisión del tribunal atenta contra dicho principio jurídico. Enfatiza en que la prisión preventiva es la medida más idónea para el ilícito penal que se busca juzgar en este caso.

A José Amaurys García García, cuyo proceso se encuentra en la fase de apertura a juicio, se le acusa de la muerte del herrero Julián Javier Fernández Monegro, hecho ocurrido en el sector Clavijo del municipio Salcedo, en enero de 2020.

El expediente establece que el 14 de enero del pasado año, mientras el imputado se encontraba en el referido sector, realizó varios disparos con un arma de fuego que portaba de manera ilegal, impactando uno de ellos al hoy occiso Fernández Monegro.

El Ministerio Público presentó acusación por violación de los 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.