DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Durante la recién campaña electoral que culminó con el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y previo a la juramentación en los próximos días, el presidente electo Luis Abinader ha enarbolado la bandera de la transparencia y la impunidad contra la corrupción.
Un discurso y un compromiso que a partir de ahora no tienen retroceso y que obligará a las nuevas autoridades que se instalarán a partir del 16 de agosto a actuar apegadas al mandato del respeto de las leyes y de la confianza despertada en la ciudadanía.
La transparencia y el cese de la impunidad vienen garantizadas con el respeto a la decencia y la credibilidad en la ejecución de la confianza depositada por la población en las urnas, tanto a favor de Luis Abinader como al Partido Revolucionario Moderno.
Y todo termina en una sola dirección: obligar que todos los funcionarios sean respetuosos de la ley que los faculta a presentar sus declaraciones juradas de bienes, hasta un mes después de juramentados en los cargos. Que desde el inicio del mandato, nadie pueda crearse por encima de las leyes ni tampoco protegido por la cercanía con el nuevo presidente.
Se estima que más de 3 mil funcionarios que cesan el 16 de agosto no habrían cumplido con la obligación legal de presentar declaraciones de bienes desde que fueron nombrados hasta ahora que deberán entregar sus cargos a nuevos incumbentes.
Sin embargo, la declaración jurada no debe ser el único predicamento para garantizar la transparencia que el presidente electo ha prometido durante su administración, sino que los organismos de fiscalización, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, deben disponer de la independencia total y sin el matiz político para aplicar la legislación en caso de sospecha o denuncias de dolo en perjuicio del erario. Ningún organismo fiscalizador deber sentirse comprometido por ataduras políticas ni amiguismos del pasado, sino en función de la responsabilidad ante el país y con el fortalecimiento de la democracia.
Obligar a cada funcionario recién designados y los demás que configurarán el gabinete de Luis Abinader envía un claro mensaje de que hay un compromiso serio en rendir cuentas al país sobre el manejo pulcro de los fondos públicos y que habrá consecuencias dentro del marco de la ley contra quienes, sin importar la cercanía con el poder de turno, se aparten del compromiso de actuar en la dirección del bien común.
Y, públicamente, el presidente electo debe conceder un plazo para que cada ministro y funcionario designado presenten a la ciudadanía la relación de sus bienes antes de asumir a partir del 16 de agosto, lo que también deberían obligarse a exigirse después que cada quien abandone una posición pública, permitiendo que la población pueda forjarse un valor ético sobre el desempeño desde el Estado.
Pero, no obstante, el Poder Judicial debe acoplarse a las expectativas reales que hay en la sociedad sobre la necesidad de perseguir y castigar los actos de corrupción sustentados en pruebas y que ameriten los correctivos dentro de lo establecido en las leyes para fortalecer el sistema institucional.
Exigir la declaración jurada de bienes es, entendido sin ningún prejuicio, el primer mecanismo para que el presidente electo Luis Abinader pueda dimensionar su compromiso apegado a la transparencia y en repudio a la impunidad que ha caracterizado el ejercicio político-partidario que tanto descrédito ha fomentado entre los detentadores del poder de turno.
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