DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Durante la pasada campaña electoral que concluyó con el triunfo de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno en los comicios del 5 de julio fue vencida la propuesta de un cambio en el país.
Este cambio, sin embargo, debe asimilarse como un eslogan de esa campaña dejada atrás, pero ciertamente que a partir del 16 de agosto la ciudadanía espera por el cumplimiento de lo prometido.
Es decir, que el presidente electo Luis Abinader y la alta dirigencia del PRM deben pasar de las promesas a los hechos.
Pero existe una realidad a la vista colectiva: el país atraviesa por las crisis sanitaria y económica, que no pueden ser desdeñadas por las nuevas autoridades.
El centro de atención del nuevo Gobierno, tan pronto Abinader y la vicepresidenta electa Raquel Peña sean juramentados por la Asamblea Nacional, debe y tiene que ser dirigido a conjurar los estragos de la pandemia en frenar los logros alcanzados por el país en materia económica durante los pasados años.
Hay que reactivar la economía con medidas certeras y al margen del populismo de la campaña electoral. Hay que recuperar los más de 800 mil empleados perdidos por causa del coronavirus y la amenaza que pesa para los sectores productivos durante los próximos años.
Hay que adoptar medidas para salvaguardar la integridad sanitaria de ciudadanía, lo que implica volcar los recursos que sean necesarios desde el Estado para aplicar los correctivos en las medidas que ya fueron ejecutadas por las autoridades gubernamentales que entregarán el 16 de agosto por la falta de la efectividad requerida.
La campaña electoral hay que dejarla en el pasado, el nuevo Gobierno está obligado en enfocar su visión en lo relativo a la crisis sanitaria y el impacto de la pandemia en la economía.
Por tanto, introducir en el escenario actual matizado por la incertidumbre generada por el Covid-19, el tema de la posible o eventual reforma de la Constitución no resulta lo más apropiado ni lo más inteligente.
La exclusión o no del procurador general de la República del seno del Consejo Nacional de la Magistratura es un tema que puede esperar hasta tanto la normalidad retorne el país. Si lograr o no que el presidente del Tribunal Constitucional pueda ser miembro o no de ese Consejo, también puede esperar el tiempo que la circunstancia exija.
Tampoco, por el momento, es oportuno que el nuevo Gobierno se embarque en la cuestión de eliminar o no instituciones públicas a partir de agosto, cuando existe por igual una responsabilidad social de parte del Estado ante los miles y miles de empleados que viven angustiados por la incertidumbre del presente y del futuro, con el desacierto de la salvaguarda de la familia en medio de la pandemia.
Ciertamente que el Estado dominicano exige por transformaciones profundas de cara al futuro, lo que nadie podría discutir ni descartar de cara al futuro inmediato.
Lo cuestionable es que en medio de la crisis sanitaria y económica surja un desenfoque de las nuevas autoridades en estos temas tan cardinales para introducir en el debate, de manera innecesaria, una posible de la Constitución que podría esperar el tiempo que propicie el entendimiento y el consenso más amplios posibles para que los cambios que demanda el país puedan producirse por los canales más expeditos y empujados por vientos favorables y sin la amenaza de impactos negativos bajo la acechanza de la pandemia del Covid-19.
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