Miriam Germán Brito recusa al procurador general ante Consejo de la Magistratura

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-  El conflicto entre la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, llega al seno del Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el presidente Medina, escándalo que ha generado diferentes reacciones en medio de la evaluación de diez magistrados de ese organismo interesados en permanecer en sus puestos.

Tras la revelación de que la Procuraduría General de la República habría intervenido el teléfono de la magistrada, este conflicto ha llegado al Consejo de la Magistratura, con el envío de una recusación que presentó Germán Brito contra el procurador general de la República.

Entre los argumentos expuestos por la jueza cita la Ley 107-13, que estipula los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y que dispone las regulaciones en torno a la imparcialidad e independencia de un funcionario.

El artículo 311 de la referida legislación indica que “el personal al servicio de la administración pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo, prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares próximos, tenga cualquier tipo de interés o pueda existir conflicto de intereses”.

“En ese orden, señor Presidente, la referida legislación, ante la inobservancia de estos principios, prevé en su artículo 19 un mecanismo para lograr excluir de un procedimiento administrativo a aquellos funcionarios o servidores públicos, que, reitero, irrespeten los mandatos llamados a asegurar la objetividad e imparcialidad en el conocimiento de una petición que le concierten”, insiste en una comunicación remitida al mandatario Danilo Medina.

De acuerdo a su visión, la actuación asumida por el procurador general de la República durante la evaluación a que fue sometida el pasado lunes por el Consejo Nacional de la Magistratura evidencia “muestras inequívocas y ostensibles de una enemistad visceral en contra de la suscita, lo que quedó a la vista del país y de todos los demás consejeros”.

En la carta al Mandatario, la jueza Germán Brito refiere que “la desconsiderada actitud de dicho funcionarios, desconociendo, no solamente los principios de raigambre constitucional que salvaguardan siempre la defensa y las garantías de las personas en cualquier procedimiento, sino también las propias reglas que rigen las objeciones de quienes se sometan al procedimiento reglamentario de evaluación aprobado por este Consejo Nacional de la Magistratura, constituye una prueba irrefutable de que en todo momento su designio era el intentar deshonrarme frente al país y tirar por el suelo mi bien ganada fama como servidora pública íntegra”.

La magistrada espera que el procurador Jean Alain Rodríguez decida inhibirse del proceso de evaluación de diez integrantes de la actual Suprema Corte de Justicia, ya que “de lo contrario, que sirva la presenta de formal acusación en contra de su participación en todo cuanto se refiere a la evaluación y posterior decisión sobre mi persona para permanecer como jueza de la Suprema Corte de Justicia”

Carta al presidente de Suprema

En otra carta enviada al presidente de la Suprema, Mariano Germán Brito, Germán Brito entiende que la actitud del procurador general en su contra representa un uso abusivo del poder, en relación con la solicitud de intervención telefónica a su móvil personal.

Le plantea al magistrado Mariano Germán que “si le parece adecuado, se provea de alguna herramienta para que los jueces puedan verificar la identidad real de quienes intervienen, más de una vez esta práctica ha dado lugar a ser usada, editada por uno que otro personaje dedicado al chantaje”.

Posición de la Procuraduría

En respuesta a las acusaciones infundadas hechas por el periodista Dany Alcántara en el sentido de que el procurador general de la República solicitó la intervención telefónica del número de la juez Miriam Germán Brito, el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, aclaró que fue él quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esta magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de la magistrada Germán. Expresó que “El procurador general de la República no conocía este proceso ni tenía razón de conocerlo por la independencia de las actuaciones del Ministerio Público”.

En torno a las solicitudes de interceptaciones telefónicas hechas en la referida investigación por narcotráfico, el magistrado Bolívar Sánchez informó que en el curso de una investigación realizada al presunto narcotraficante Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, solicitó la autorización de un juez para interceptar varios números telefónicos que estaban vinculados a esta persona, quien se suicidó el 15 de noviembre del pasado año.

Explicó que “nos estamos refiriendo a un individuo con presuntos vínculos al narcotráfico, de doble identidad oficial que había fingido su muerte en el 2014 y que había sacado un nuevo documento de identidad oficial, resultando ser la persona que había construido la villa que tiene en la provincia San José de Ocoa la magistrada Miriam Germán Brito y que esto generara una vinculación con ese número de teléfono”.

Detalló que cuando fingió su muerte el 6 de agosto de 2014, el presunto narcotraficante se hizo identificar con información falsa como Richard Miguel Gloss Ovalles, el cual según el acta de defunción falsa había fallecido a consecuencia de una insuficiencia renal.

Indicó en ese mismo orden, que posteriormente utilizaba una segunda identidad como Richard Molina Ovalles, quien según el acta de defunción se suicidó el 15 de noviembre de 2018.

El inspector general del Ministerio Público dijo que esta es una de varias investigaciones que lleva a cabo con perfil similar al caso Quirinito y que para avanzar en los procesos de investigación siempre será necesario hacer diferentes requerimientos a los tribunales, señalando entre ellas las solicitudes de interceptaciones telefónicas y allanamientos, así como la detención de personas.

Al encabezar una rueda prensa en la sede la Procuraduría General de la República, el magistrado Bolívar Sánchez explicó que “Las autorizaciones de interceptaciones telefónicas siempre las hago en el marco de lo que establece el debido proceso y por eso la solicitamos a un juez, sin que para ello, esté en la obligación ni sea un requerimiento, que deba contar con la autorización del procurador general de la República, quien desconocía este caso y actuaciones en la investigación”.

Con relación a las interceptaciones telefónicas, el magistrado Bolívar Sánchez dejó claramente establecido que en sus funciones como fiscal realiza diversas investigaciones, en el transcurso de las cuales solicita cientos de autorizaciones de intervención telefónicas y que en esta coincidió que ese presunto narcotraficante, con doble identidad falsa, había construido la villa de la magistrada Germán”.